En un reciente programa de la emisora RAC1, la concejal de Seguridad del Consistorio de Barcelona, Assumpta Escarp, apostó por cerrar algunas páginas web de grupos alternativos argumentando que “hacen apología de la violencia”.

La concejal opinó así para comentar un fragmento de un artículo aparecido en la web Kaos en la red que expresaba: “Tumbar y quemar contenedores es muy bonito, pero no asusta a nadie. Hay que ir hacia objetivos más contundentes, como tomar una emisora de televisión y emitir en directo nuestras reivindicaciones”.

El artículo publicado por una de las webs de contrainformación más popular y de larga trayectoria en la Red llevaba firma y, por lo mismo, no era voz del medio.

Ante la amenaza expresada, el citado medio, ha emitido un comunicado en el que señala que jamás ha incitado a ninguna violencia ciudadana y que “este intento de poner límites a la libertad de expresión parece ignorar además que existe una legislación al respecto, legislación que expertos en estos temas han expuesto en diferentes medios de comunicación estos días. Una legislación que vuelca la responsabilidad de los hechos imputables en los autores de los artículos, y no en los medios que sirven como simple mecanismo de transmisión de los mismos. La apología de la violencia, además, solo tiene encaje en el Código Penal si se realiza por motivos racistas, antisemitas o ideológicos, según dispone el artículo 510 y justamente nuestro medio es ejemplo en la defensa de los derechos de las minorías y de respeto para todas las ideologías democráticas”.

Criterios similares ha aportado el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo: “Si el Ayuntamiento piensa que está ante un delito, entonces que lo lleve ante un juez. Pero un concejal no es nadie para hablar de cerrar webs que, además, tienen matices políticos. Si empezamos a cerrar cosas que no nos gustan, imagínate la que se puede montar”.

Por su parte Julián Inza, responsable del Foro de Evidencias Electrónicas declaró a la prensa “No soy muy partidario de limitar muestras de la libertad de expresión. Sobre todo, porque es muy difícil saber dónde acaba esta y dónde empieza la comisión de un delito. “Puede que se trate de un delito muy claro, pero, en todo caso, eso corresponde decidirlo a los tribunales”.

Coincide con lo anterior el abogado Carlos Sánchez Almeida quién señaló que “el problema es criminalizar toda una web; habría que analizar cada artículo que es objeto de la denuncia y ver quién es su autor, porque en derecho penal se persigue a personas físicas”.

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