2012 será un año negro para la radiotelevisión pública, estatal, autonómica y local, y también para las agencias de prensa públicas. Así lo constata Ramon Espuny.

A los déficits que ya arrastraban los últimos tiempos se han añadido, por un lado, contrarreformas legislativas que han devuelto los medios al control gubernamental, y por otro, recortes presupuestarios que ponen en cuestión la posibilidad de ofrecer el servicio público necesario (RTVE, CCMA, EFE …) o que directamente suponen su reducción (RTV de Badalona) o la pura y simple desaparición de las ondas (radio y televisión de L’Hospitalet, TV de Gavà, etc.), que la resistencia ejemplar de los trabajadores no ha podido parar.

En todos los casos se han tomado medidas a partir de una débil comprensión de las administraciones del papel clave del servicio público de comunicación para la cohesión social y la solidez democrática a partir de una opinión pública formada en el rigor y la veracidad informativas.

Las pequeñas TV locales han sufrido la crisis de la ambiciosa planificación de la TDT, y las finanzas de los ayuntamientos, a la baja, han provocado recortes generalizados de presupuesto. Tanto en éstas como en los grandes medios, los trabajadores vienen sufriendo desde hace meses disminuciones de salario y de condiciones laborales y sociales, siempre con la amenaza alternativa de una reducción de empleo que si antes no se contemplaba en la legislación, ahora con la nueva contrarreforma laboral se contempla la posibilidad de aplicar ERE en empresas públicas si disminuye el presupuesto de las corporaciones.

Todo ello se ha aderezado, con una pinza que ataca los derechos laborales y profesionales de los trabajadores, con el retorno a las tradiciones progubernamentales anteriores a las reformas legales hechas en Catalunya desde 2000 (reforma de la Ley del CAC, Ley Audiovisual catalana, nueva Ley de la CCMA, nuevos reglamentos en BTV y la COM, …), a través de contrarreformas que han situado al frente de las direcciones y de las áreas de informativos verdaderos representantes de la tradición intervencionista de los años 80 y 90. Y así hemos visto como la alianza de CiU con PP y viceversa ha situado figuras de confianza política en COM Ràdio, ACN, EFE, TV3, Catalunya Ràdio, y muy pronto en RTVE.

En todos estos medios, se ha utilizado, descaradamente, el argumento de la necesaria austeridad que requeriría la simplificación de los organismos rectores de los medios públicos. Y así se ha recortado el pluralismo político y social de estos organismos, sean consejos de administración o asesores, y utilizando cínicamente críticas contra comportamientos partitocráticos anteriores, se ha roto el consenso y, a través de mecanismos de mayoría absoluta, se ha impuesto el reino de la monarquía, también absoluta.

Contradiciendo todas las recomendaciones de la Unión Europea sobre la necesidad de basar los organismos de gestión de los medios públicos en el consenso que garantice que el audiovisual público sea un tema de Estado (de país en nuestro caso), las contrarreformas están desguazando los avances conseguidos por la presión de los profesionales. Tanto en esto como en las agresiones laborales que sufren los trabajadores, habrá que confiar en su capacidad de respuesta a través de sus organismos representativos y de los sindicatos del sector, conscientes de que en este terreno no nos jugamos sólo la defensa del salario y del puesto de trabajo, sino la dignidad profesional y el derecho a la información de la ciudadanía.