Este jueves, 16 de diciembre, ocho periodistas tarraconenses han sido citados por el juzgado de paz de Calafell a un acto de conciliación previa a la interposición de una querella criminal presentada por el coordinador de áreas del Ayuntamiento de Calafell, Manuel Romero Catalán, al considerar que las informaciones elaboradas por los periodistas suponen injurias graves y un daño moral. Una querella que también afecta a otras ocho personas entre vecinos, políticos y sindicalistas.

Desde el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) queremos poner en evidencia la conducta del querellante como un atentado al Derecho a la Información, establecido en la Constitución. Es absolutamente incomprensible que personas que tienen una responsabilidad en una administración pública sean capaces de ignorar los derechos fundamentales a la libertad de expresión y el de la información reconocidos en el artículo 20 de la Constitución Española. El derecho a informar se convierte en una función social, como un deber al servicio del derecho de la ciudadanía a ser informada. Los periodistas citados por la justicia se han limitado a informar, a ejercer su obligación profesional de obtener, elaborar y difundir informaciones de actualidad y relevancia pública de unos hechos en los que el gerente de Calafell era uno de sus protagonistas públicos. Además el querellante se permite solicitar una indemnización de 6.000 euros por injurias a cada una de las 16 personas demandadas, entre las que figuran los ocho periodistas, alguno de ellos, además, sin ninguna relación con las informaciones escritas.

El derecho constitucional de la ciudadanía a la información debe reforzarse con instrumentos que permitan también que los informadores puedan ejercer su profesión sin amenazas de personas que piensen que todavía existe la censura informativa o que tienen carta blanca para poder dictar que información interesa y la que no. Por esto se hace aún más imprescindible la aprobación por parte del Congreso de Diputados del Estatuto del Periodista Profesional que regula y refuerza el derecho de la libertad de información.

El Sindicat de Periodistes de Catalunya estará siempre enfrente de las personas y organismos que pongan en cuestión el derecho a la información y la labor de los profesionales que ejercen el deber de informar a la ciudadanía. Por este motivo el SPC quiere dar el máximo apoyo a los periodistas que han sido convocados por la justicia para responder de su tarea informativa.

Tarragona, 15 de diciembre de 2004

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