La FeSP pide al Parlamento que no ceda a presiones y proteja los derechos de autoría de los informadores

La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) ha aprovechado la tramitación de una modificación legal que afecta a la propiedad intelectual e industrial, actualmente en el Senado, para volver a la carga en su aspiración de apropiarse de los derechos de autoría de los informadores. Esta vez ha reclamado que las empresas que se dedican a reproducir contenidos de los periódicos en resúmenes de prensa -actividad conocida como press-clipping– paguen a los editores por los derechos de autoría que corresponden a esos trabajos.

Tras el intento fallido que llevaron a cabo mediante Gedeprensa -una sociedad constituida en 2002 por los cinco grupos de prensa más importantes de España-, los editores vuelven a reclamar ahora unos derechos de autor que, como mínimo, deben negociar y compartir con los autores directos: los informadores. Muchas de las personas que generan esos derechos de autoría son de plantilla, pero más de un 30% son colaboradores sin ningún tipo de contrato que cobran por pieza publicada. Aunque en ninguno de esos casos pierden la propiedad intelectual sobre la obra, es una burla que los editores reclamen para sí los derechos de autoría de unos trabajadores a los que niegan su relación laboral con las empresas.

AEDE argumenta que los derechos por esas reproducciones corresponden únicamente a los editores, porque un diario es una “obra colectiva”, pero olvida que en su creación participan redactores, fotógrafos, dibujantes, infógrafos, documentalistas…

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) no va a admitir que este gesto de avaricia de los editores de prensa se convierta en una nueva vulneración de los derechos de una profesión cuya situación de precariedad es cada vez mayor, e insta al Parlamento español a que no ceda a las presiones de los grandes grupos de prensa y proteja los derechos de autoría de los periodistas tal y como se prevé en la Ley de Propiedad Intelectual y en la normativa de la Unión Europea.

10 de abril de 2006

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