Como informamos a mediados de octubre, el SPC se ha reunido con los seis grupos parlamentarios del Parlament de Catalunya para pedirles que se definan respecto de la propuesta de regulación del derecho a la información en Cataluña, a partir de una ley que recoja los derechos y deberes de los profesionales de la información, que son los mediadores, y establezca por ley una autoridad de la comunicación que vele por el cumplimiento del código deontológico y por el derecho de la ciudadanía a una información veraz y contrastada. La posibilidad de esta regulación arranca del artículo 52 del Estatuto de Catalunya, que en el apartado dedicado a los medios de comunicación social dice: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para garantizar el derecho a la información y a recibir de los medios de comunicación una información veraz y unos contenidos que respeten la dignidad de las personas y el pluralismo político, social, cultural y religioso”.

Han apoyado esta propuesta, y lo han incluido en sus programas electorales, las candidaturas de ERC y de ICV-EUiA. CiU ha coincidido con muchos de los planteamientos expuestos por el SPC y ve posible iniciar el proceso de entrada en el Parlament de una proposición de ley, que abra paso a comparecencias de los actores del sector. Ciutadans se ha declarado partidario de desarrollar los instrumentos necesarios para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía y de establecer los mecanismos que permitan a los periodistas cumplir con su responsabilidad sin injerencias. Finalmente, PSC y PPC no se han pronunciado sobre la propuesta.

El sindicato también pidió a los partidos definición sobre la financiación de los medios de comunicación públicos, especialmente después de las propuestas de supresión tendencial de la publicidad en la radio pública, realizadas por diputados de CiU y del PSC. En el encuentro con representantes de los grupos parlamentarios salientes, ERC e ICV-EUiA fueron radicales en la defensa del modelo mixto de financiación (presupuestos públicos más publicidad) como condición para su supervivencia. CiU dijo que sólo planteó la necesidad de repensar el actual modelo, a raíz de la realidad de un fuerte sector radiofónico privado, pero que no proponía cambiarlo en su programa electoral. El PSC se mantuvo en la posición tradicional de defensa del modelo mixto, que es lo que avalan la Ley de Comunicación Audiovisual y la Ley de la CCMA, mientras que el PPC se mostró muy comprensivo con las reclamaciones de la asociación de radios privadas y defendía que el modelo que se impone en Europa es el de suprimir la publicidad en los medios públicos. Por su parte, Ciutadans se declara partidario de una financiación exclusiva con fondos públicos.

Por último, y como tema inevitable en campaña, se planteó el conflicto por los bloques electorales cronometrados y ordenados en función de los últimos resultados electorales. Aunque aceptaron parcialmente algunos de los argumentos de los profesionales, y la posibilidad futura de poder prescindir de los bloques, a través de una Ley Electoral Catalana, CiU y PSC se remitieron a la inevitabilidad de su existencia, como lo hizo también el PPC. Ciutadans, por su parte, compartía los motivos de la denuncia profesional, y que habría que modificar la legislación actual, pero reclamaron ecuanimidad en la presencia de los grupos parlamentarios en los informativos. ERC e ICV-EUiA reiteraron su oposición tradicional a los bloques electorales, al tiempo que reclamaban que las protestas de los profesionales no perjudicaran la credibilidad de los medios públicos. Estos dos partidos también pidieron que no se generalizara la denuncia profesional a todos los partidos políticos y manifestaron su oposición a la propuesta de debate ‘cara a cara’ entre los dos principales candidatos contemplada en el plan de cobertura informativa de las elecciones aprobado por el Consejo de Gobierno de la CCMA.

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN
Barcelona, 25 de noviembre de 2010

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