El I Congreso del Derecho a la Información de la Ciudadanía, organizado por la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), con la colaboración de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), considera inaplazable tramitar la Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía (LOGDIC).

Las ponencias y las intervenciones en el Congreso han permitido reflexionar sobre cómo los grandes grupos de comunicación ostentan el poder sobre la información que reciben los ciudadanos sin tener un marco regulador que ponga límites precisos para garantizar que la información cumple con los requisitos básicos de veracidad, relevancia pública, diligencia y pluralidad.

La precariedad laboral de los profesionales de la comunicación les hace vulnerables a las presiones contra la ética y la profesionalidad de los propietarios de los medios y tiene como consecuencia directa la desinformación del ciudadano.

Durante el Congreso, al que han asistido 80 personas, con una importante presencia de la sociedad civil canaria, han intervenido también representantes de Coalición Canaria (CC), Izquierda Unida (IU), PP y PSOE.

Para Ana Oramas (CC) “es absolutamente imprescindible una regulación del derecho a la información de los ciudadanos, sobre todo, en lo referente a los medios públicos”. Sin embargo, no contestó a la pregunta de por qué su partido permite que los servicios informativos de la televisión pública de Canarias estén en manos de una empresa privada, con accionistas privados que, además, son dueños de otros grandes medios de comunicación privados.

Armando Recio (IU) considera que “la precariedad laboral de los periodistas redunda en la precariedad del derecho a la información de la ciudadanía”. El diputado del Partido Popular, Pablo Matos, cree que se debería diferenciar la defensa de los derechos laborales de los periodistas de la defensa de los ciudadanos a estar informados.

Por su parte, José Segura, diputado del PSOE, expresa que “no existe presión alguna de los grandes grupos mediáticos contra esta ley”, aunque su precedente, el proyecto de Estatuto del Periodista Profesional, decayó en la anterior legislatura y en la actual se constata escaso interés en tramitar la regulación.

Ante este panorama, la UPCC concluye que es necesario seguir recabando el apoyo de la Sociedad. “Es trabajo de toda la ciudadanía conseguir que la calidad de la información que reciben los españoles garantice realmente el funcionamiento de la democracia y sólo podrá conseguirse con una regulación específica”, afirman los representes de este sindicato que aglutina a más de 250 profesionales de la comunicación en Canarias.

Información sobre las conclusiones del I Congreso del Derecho a la Información de la Ciudadanía.

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