Sería una involución democrática y una censura previa que prohíbe la Constitución

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) expresa su sorpresa y preocupación por unas declaraciones del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien ha dicho que el Gobierno va a estudiar una modificación de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana para impedir “la captación, reproducción o tratamiento de imágenes, sonidos o datos de miembros de las Fuerzas de Seguridad en el ejercicio de sus funciones cuando puedan poner en peligro su vida o en riesgo la operación que están desarrollando”. Si se lleva a cabo este anuncio, será uno de los ataques más graves cometidos en democracia contra el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz y plural y el derecho de los periodistas a acceder a ella para difundirla.

A la espera de ver de qué manera concreta el Gobierno ese anuncio, si es que llega a hacerlo, hay que recordar que la legislación vigente ya establece las correspondientes sanciones para quienes atentan contra el honor o la imagen de cualquier agente. Ir más allá de esa protección -por ejemplo, para evitar que los medios difundan imágenes de los abusos cometidos por algunos policías en las manifestaciones, como las que se han visto en las últimas semanas- supondría implantar la censura previa, lo que está expresamente prohibido por la Constitución.

Frente a las afirmaciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de que es necesario “encontrar el equilibrio entre el absoluto respeto al derecho de manifestación y las garantías que se merece la integridad de quien ejerce sus tareas públicas”, la FeSP recuerda que ese equilibrio ya está regulado en nuestra Constitución, en la que se indica con toda claridad que el ejercicio de los derechos a la información y la libertad de expresión “no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa” y que “sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP considera este anuncio de Cosidó como un paso más en el incremento de las dificultades que el Ministerio del interior está poniendo a los cámaras y fotógrafos para desempeñar su trabajo en las manifestaciones, mediante la actuación de algunos agentes, ya sea no permitiéndoles acercarse al lugar donde se produce la noticia, reteniéndoles e incluso golpeándoles a pesar de ir identificados. La simple insinuación de que el Ejecutivo puede llevar a cabo esa reforma legal descalifica a quien la ha realizado porque se trata de un retroceso en nuestra democracia que no se puede aceptar.

Los profesionales de la información han dado sobradas muestras de respeto al trabajo de los policías, cuyos rostros son ocultados en los medios cuando se considera que su difusión les puede poner en peligro o poner en riesgo una operación policial. Si hay periodistas o medios que no respetan esas y otras normas, los jueces y tribunales intervienen y dictan las sentencias que correspondan, sin necesidad de modificar la ley para limitar un derecho democrático en el sentido que ha anunciado el director general de la Policía.

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