«Derroche millonario del poder autonómico» (El Mundo); «plantillas mastodónticas», «agujeros sin fondo y sin audiencia» (El País): son expresiones utilizadas a diestro y siniestro e impunemente, referidas a las televisiones autonómicas, por los altavoces de grupos mediáticos con intereses en el sector audiovisual que unen sus exigencias a las de la patronal privada del sector (UTECA) y a los sectores más derechistas del espectro político. Las últimas semanas, y con motivo de la campaña electoral, se han multiplicado las propuestas atrevidas, que han ido desde pedir el cierre de todas las televisiones autonómicas (Rosa Díez) hasta su privatización, pasando por alternativas estrambóticas del PP como unificarlas en un solo canal de TVE (con desconexiones regionales) o integrar EFE en RTVE, esto sí, «manteniendo su proyecto y autonomía», y defendiendo el Estatuto de la Agencia pendiente desde el primer gobierno de Rodriguez Zapatero. En Catalunya, el candidato del PP se ha apuntado al cierre de canales de TV3 ignorando que son puras emisoras de contenidos; y el de CIU, a reclamar «más recortes» en la CCMA como si ya no hubiéramos tenido bastante.

A las propuestas electorales, algunas muy peligrosas y otras hechas al tún tún (por ejemplo pidiendo la reforma de la Ley del Tercer Canal, abolida por la Ley Audiovisual española), se unen, pero, los hechos, que en algunos casos bordean el dramatismo: cierre de RTV Mallorca, el adelgazamiento de la TV de Gandía, la descapitalización contraria a la ley y al parlamento autonómico de la RTV de Asturias que la aboca a la desaparición, incertidumbres presupuestarias en la radio y en la TV de l’Hospitalet, de Badalona, de Gavà, de COM Ràdio, a raíz de las restricciones en los Ayuntamientos, etc. Un sector, el local, que ya sufría una precariedad estructural a causa de la opción generalizada por la subcontratación de personal a través de productoras. Y allá dónde no se desmantelan los medios, se les controla directamente desde el gobierno de turno, vulnerando el carácter de medio público y ayudando a la quiebra económica por la falta de credibilidad (Canal 9, Telemadrid, TV de Galicia, y ahora nuevamente IB3…). Sin olvidar la liquidación de los pequeños adelantos conseguidos en la regulación del audiovisual, como la eliminación del Consejo Audiovisual de Navarra, que seguirá los pasos del también desaparecido Consejo Audiovisual de Madrid, en una involución contraria a las recomendaciones de la Unión Europea sobre el tema. Con respecto a RTVE, ni se asegura una financiación suficiente sin publicidad ni se garantiza que un cambio de gobierno no implique cambios en la cúpula y en los informativos, donde el PP ya amenaza de entrar como si no hubiera una ley que asegura, en teoría, la independencia.

En Catalunya, y apelando a la austeridad y «la agilización», también se aprovecha para recortar presupuesto, competencias y representatividad en el Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC), y desde el Gobierno se propone reformar la nueva Ley de la CCMA con medidas que reducen los requisitos de mayoría cualificada para aspectos esenciales, que devuelven poder a la figura de Presidente y le aseguran el apoyo de la mayoría progovernamental, a través de una composición que asegura una mayoría absoluta. Lo que no se garantiza es que se cumpla la Ley, que prevé la elección de profesionales capaces como criterio básico para formar parte del Consejo de Gobierno del ente. De propina, se reduce la composición del Consejo Asesor, el único mecanismo de participación social que en un medio público debería ser potenciado y no recortado, donde además se elimina la presencia de representantes de los trabajadores.

Por todo ello, el SPC hace un llamamiento a los candidatos a las elecciones del 20-N a la defensa del sector público de la comunicación, el único que puede garantizar a la población una programación y un entretenimiento de calidad y una información veraz y plural, que ayude a crear una opinión pública bien formada, base de la sociedad democrática. Y a la sociedad, verdadera titular del derecho constitucional a la información, a tomar nota de las propuestas de los diferentes partidos en este ámbito, y a actuar en consecuencia el día de la votación.

Barcelona, 17 de noviembre de 2011

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