Lo hemos ido advirtiendo desde que se constituyó el nuevo gobierno de la Generalitat: la nueva ley de la CCRTV no podía demorarse en exceso porqué si esto sucedía se reproduciría la disputa gobierno-oposición basada en el modelo perverso según el cual la radiotelevisión pública la controla principalmente quien gobierna.

Las polèmicas de estos últimos días sobre Catalunya Ràdio y TV3 nos dan la razón, y parece que algunas fuerzas políticas prefieren este escenario, que ahora les permite una tarea de erosión del gobierno, en lugar de apostar decididamente, en sintonía con las propuestas de otros partidos, por un modelo de RTV pública independiente, no partidista y no gubernamental.

Simétricamente, los integrantes del pacto tripartito no deberían pensar que porqué han dicho que quieren la reforma del modelo ya pueden actuar y opinar como si la Corporación fuera la BBC, porqué no hacen otra cosa que servir en bandeja argumentos a la oposición, que utiliza el consejo de administració como trinchera de desgaste, inhabilitándolo así como intrumento dinamizador de las empresas de la Corporación.

Para terminar con esta dialéctica perversa quien se ha comprometido a ello en su programa electoral debe tirar adelante de una vez por todas la reforma de la ley, sin posponerla a la de la general del Audiovisual, y que quien aún no ha cambiado de chip (de tantos años de control gubernamental que ahora creen que se les vuelve en contra) se avengan a las propuestas de consenso, o de decisión por mayoría cualificada en el Parlament, en el momento de elegir a los directores generales y de designar con criterios profesionales y de capacidad y apartidismo a los miembros del Consejo de Administración.

Una vez más, el SPC reclama a los partidos que defendieron el cambio de modelo que sean coherentes y que no ignoren la importancia simbólica de los medios de la CCRTV, que óbviamente no son todos los que hay que regular, pero que pueden quedar afectados en su funcionamiento y en su prestigio si no se desbloquea la situación actual de asedio por parte de la oposición y de intromisiones gratuitas, por ingenuidad o por presunción, por parte de representantes del Gobierno. Los medios de la Corporación son de todos y deben dejar de ser el pim-pam-pum de la confrontación política i debe blindarse para que consoliden el camino hacia la independencia y la imparcialidad que se defiende desde la dirección general.

Barcelona, 21 de julio de 2004