El acto de conmemoración de los 18 años del SPC en Tarragona se centró en la necesidad de regulación de un derecho fundamental como es el derecho a la información. Los dos ponentes, Xavier Hernández, presidente de la Audiencia de Tarragona, y Enric Bastardes, ex presidente del sindicato y miembro del Consejo Asesor de la CCMA, coincidieron desde ámbitos diferentes en que un derecho tan sobreprotegido por la Constitución, que conlleva un alto compromiso público, por fuerza debe ser fiscalizable desde los poderes públicos. Porque, argumentaron, esta función que corresponde al periodismo de alertar contra el abuso de poder, y por los valores democráticos de la sociedad, debe ser protegida, pero siempre que se haga de manera responsable y atendiendo al principio de veracidad, que según doctrina del Tribunal Constitucional no debe equivaler a “ser verdad”, sino a que la información se ha hecho con diligencia, comprobando los hechos y contrastándolos según las partes afectadas.

Esta función de garantía de configuración de una opinión pública bien formada, básica para una sociedad democrática, merece según Hernández la protección que le otorga el artículo 20 de la Constitución, pero por eso mismo debe ser fiscalizada: eso sí, de modo que no haya un exceso de limitaciones, que podría derivar en censura, pero a la vez procurando que la falta de límites desfigure el derecho a proteger (el derecho a la información) y se constituya un espacio de arbitrariedad, contradictorio con la función pública de dicho derecho. Para Hernández, los legisladores españoles no se han atrevido desde 1978 a abordar este problema.

Bastardes manifestó su acuerdo pleno con estas manifestaciones, y expresó que efectivamente la patronal de prensa boicoteó conscientemente cualquier regulación del periodismo, y de lo que constituye su función, garantizar el derecho a la información, al igual que la del audiovisual impuso sus criterios en la Ley aprobada por el parlamento español, ley de la que no se cumple el compromiso de crear el órgano que va asociado, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), y que ahora está amenazada de reforma para parte del PP para aguarla aún más y eliminar las trabas a la privatización de las radiotelevisiones autonómicas. Bastardes explicó la situación de los diferentes proyectos de regulación del periodismo profesional y del derecho a la información, que no han avanzado después de haber entrado en el Congreso durante dos legislaturas. Después recordó que en Catalunya el SPC está planteando a los grupos parlamentarios catalanes la posibilidad de regularlo en el Parlament de Catalunya, en base al artículo 52 del Estatut, que encomienda a los poderes públicos que garanticen el derecho de la ciudadanía a la información, y no sólo a través de los medios públicos.

En otro ámbito, Javier Hernández no se estuvo de criticar la falta de conciencia, también entre los medios, de la colisión entre el derecho a la información y el derecho a la presunción de inocencia, que a menudo no es respetada por los propios mecanismos judiciales y que de rebote se reproduce en el tratamiento que se da por los medios de comunicación, especialmente audiovisuales, y que muchas veces responde a criterios sensacionalistas y de investigación de la audiencia. Un mal éste que puede continuar si el órgano que podría poner remedio, el CEMA, no se constituye.

El acto lo moderó el secretario del sindicato en la demarcación de Tarragona, Ricard Checa, que hizo un llamamiento a la implicación de los profesionales en un proyecto para defender los derechos laborales y profesionales, y asistieron diferentes representantes de la sociedad civil tarraconense, además del Presidente del SPC, Ramon Espuny, que glosó los 18 años de sindicato después del pase de un vídeo con la felicitación a nuestra organización de más de una treintena de personas de diferentes ámbitos, sobre todo el profesional y sindical, por haber llegado a lo que se calificó de ‘mayoría de edad.’

Etiquetas: , ,