El Gobierno de la Generalitat ha anunciado un recorte de 40 millones de euros en el presupuesto de la CCMA para el año que viene, en contra de una previsión de financiación de 300 millones, que según los responsables de la Corporación pone en grave riesgo el modelo de servicio actual, su liderazgo y algunos de sus contenidos. Pero el Gobierno ha ido más allá y ha dictado los ámbitos que deberían resultar afectados y las medidas concretas a tomar, que son una competencia de la CCMA, un organismo independiente emanado del Parlamento, y los directores de los medios.

El mismo portavoz del Gobierno reconoció que los “sacrificios” de los trabajadores de la CCMA no se podían imponer, que se tenían que negociar, y que las propuestas las hacía en el marco de un Contrato programa plurianual que deberán negociar la Corporación y el Gobierno. Por un lado, los convenios vigentes en las empresas impiden un recorte salarial, y por otro es la dirección de la CCMA la que debe proponer las medidas de ahorro para ajustarse al recorte, ya sean la afectación en pantalla, el futuro de los diferentes canales o los aspectos laborales a retocar.

El anuncio del Gobierno, que sigue la estela de las propuestas del PP de cerrar canales de televisión, con el argumento populista de la austeridad, puede ser interpretado como una escenificación para enviar un mensaje positivo al clima interesado creado desde hace meses por sectores políticos y mediáticos, de dentro y de fuera de Catalunya, que ignoran deliberadamente los valores del servicio público y la analizan exclusivamente desde la rentabilidad económica, despreciando su función clave de favorecer la cohesión social y la normalización lingüística y cultural.

Todo esto ocurre mientras el Gobierno intenta también llevar adelante una reforma de la Ley de la CCMA que acaba con el consenso mayoritario con que se elaboró la actual y que puede devolver los medios de la Corporación a la dependencia de la mayoría gubernamental, obviando su carácter público, es decir, de todos y que pagamos todos. Ahora parece que, además, el Gobierno quiere utilizar la financiación de la CCMA para cambiar, por la vía de los hechos, el modelo público audiovisual contemplado en la Ley vigente. Hasta el punto que ha conseguido que un grupo parlamentario le ofrezca retirar las enmiendas, del todo justificadas, a la propuesta de contrarreforma, a cambio de que se mantenga el presupuesto previsto de 300 millones.

Como dice a menudo CiU, fue un gobierno de este partido el que creó TV3 y Catalunya Ràdio, olvidando recordar que asegurándose el control. Quizás ahora quiere volver a los orígenes y seguir defendiendo los medios de la CCMA, a cambio de controlarlos económicamente y políticamente. Pero eso sería un mal servicio a la defensa de unos medios públicos catalanes fuertes, al servicio de todos, garantía de cohesión social y de normalización lingüística y cultural, que no harán esta función con una mala financiación ni siendo controlados desde el Gobierno y desvirtuando su carácter público.

Barcelona, 26 de noviembre de 2011

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