El 31 de enero, el Gobierno de la Generalitat utilizó la nueva reforma laboral, votada por el PP y por CiU, para terminar con la ultractivitat de los convenios de TV3 y de Catalunya Ràdio. La nueva situación llevaba a que estos medios quedaran adscritos al inadecuado Convenio Estatal de Producción Audiovisual (Técnicos), pero era tan flagrante el agravio que la CCMA se comprometía a mantener las condiciones laborales de los convenios que han regulado ambas empresas (ahora unificadas) durante casi 30 años.

En su afán de recortar de manera ejemplar el sueldo de los trabajadores, y después del intento de un ERO letal el último verano, que fue disminuido por la movilización de los trabajadores y por presiones políticas a una CCMA totalmente dependiente del Gobierno, la dirección de la Corporación se planteó aplicar un artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que desde la reforma laboral permite a las empresas recortar unilateralmente el sueldo de las plantillas. El argumento es que hay un déficit que se tiene que enjuagar, y que se quiere hacer en un año en lugar de cuatro, que es el plazo del Contrato Programa y el del futuro nuevo convenio a negociar.

Según la CCMA, después de haber reconocido que además de los 225 millones de aportación del Gobierno había 7,5 millones más disponibles vía departamento de Presidencia, insiste en querer recortar 7,5 millones del capítulo de personal, de sueldos y salarios. Rechaza medidas de ahorro como trasladar la sede de la Corporación del edificio de Vía Augusta/Ganduxer a las instalaciones de Imagina, en Sant Just Desvern, donde hay plantas alquiladas por uno contrate-trampa que obliga a la CCMA a pagarlas hasta el 2017. Y se ha negado durante semanas a abordar la revisión de sueldos y complementos de personal de fuera de convenio, de donde podían salir medidas de ahorro alternativas a los recortes puros y duras al sueldo base de los trabajadores y a la antigüedad.

Tras dos meses de movilizaciones, y de maratonianas sesiones negociadoras (conjuntas de los comités de TV3 y de CR con la dirección), la madrugada del viernes 21 de marzo los representantes de los trabajadores consiguieron un nuevo aplazamiento del límite marcado por la dirección para proceder ya a la aplicación de un artículo 41, que es un marco mucho más negativo para negociar cualquier tema, y que parte de duras medidas que anuncian las empresas en base a argumentaciones sobre razones económicas, técnicas, productivas u organizativas.

En la última reunión, los comités de TV3 y CR consiguieron ampliar el periodo de negociación a uno posterior para tratar de los casos de remuneraciones irregulares y de excluidos de convenio, y también sobre temas de horarios y grupos profesionales (que tendrían que construir el nuevo convenio unificado) hasta final de mayo. Periodo durante el cual no se aplicaría el recorte de un 4,33% de los salarios anunciados por la dirección en una propuesta que fue rechazada masivamente por la plantilla de TV3 y aceptada por la de CR por el motivo que, además de la recuperación del sueldo de aquí a cuatro años, contemplaba la equiparación de sueldos entre los trabajadores de los dos medios, que es una aspiración largamente reclamada por los trabajadores de Catalunya Ràdio.

Ahora se abre un periodo de más de dos meses en que se juega no sólo los sueldos de los trabajadores, sino toda la articulación de las relaciones laborales en TV3, destruidas por obra de una dirección deconstructora que regala a la competencia del Grupo Godó la cartera de clientes de TV3, montando un concurso para la externalización de las gestión de la venta de spots publicitarios, hecho a medida del grupo propietario de La Vanguardia, TV8 y RAC-1, a quien el Gobierno y, concretamente, la Secretaría de Comunicación mima indisimuladamente de manera contradictoria con el rumbo soberanista del Gobierno y de su fuerza aliada, ERC, que se ha opuesto radicalmente a esta externalización/privatización y también al modelo de Corporación que parece defender Brauli Duart, presidente de la CCMA, que responde más a la alianza con el PP de la anterior legislatura que a la actual situación política.