La junta ejecutiva del Sindicato de Periodistas de Andalucía ha hecho público un comunicado en el que llama a los poderes públicos y a la sociedad civil a defender Canal Sur, la radio televisión pública, así como los medios de comunicación municipales, «seriamente amenazados por la entrada en vigor de la Ley de Reforma de la Administración Local». Según la nota, para el SPA «los medios de comunicación públicos y locales son hoy más necesarios que nunca para poner la información al servicio de la ciudadanía».

Por otra parte, el SPA insta a la dirección de Canal Sur a negociar el convenio colectivo para dar «estabilidad a la plantilla» y a introducir reformas necesarias «que garanticen la viabilidad de la empresa como la puesta en marcha del Canal 2, el adelgazamiento del staff directivo y el establecimiento de la carrera profesional» .

El SPA también pide a los ayuntamientos andaluces y a la ciudadanía a defender sus medios de comunicación públicos de ámbito municipal y comarcal, “amenazados por la reforma de la administración local y por la falta de interés de algunos equipos de gobierno para mantener las emisoras municipales» ya que son «un patrimonio del pueblo y que está al servicio de sus intereses».

El Sindicato de Periodistas de Andalucía considera positivo que la Junta de Andalucía haya puesto en marcha la Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual andaluz, de la que deberá salir una ley audiovisual que «ponga orden en el ahora escasamente regulado y bastante desordenado espacio radioeléctrico», una ley que deberá servir para «dar transparencia a la concesión de licencias, permita desarrollar las emisoras ciudadanas, (el llamado tercer sector ) y garantice el derecho de acceso de la ciudadanía».

Finalmente, el sindicato contempla con «preocupación» el grave deterioro que está sufriendo el periodismo, especialmente las condiciones laborales de los profesionales de la comunicación. Una situación, según el SPA, en la que los poderes públicos no se pueden mantener al margen.

En este sentido, denuncian «las cada vez mayores dificultades que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se pone al trabajo de los profesionales en la calle». La última al fotógrafo malagueño Álvaro Luna, que ha sido multado con 400 euros por hacer un reportaje fotográfico de una protesta ciudadana. El SPA está recabando información sobre el caso y «pondrá todos los medios a su alcance para la defensa del derecho a la información, un derecho fundamental de la ciudadanía que hay que proteger».