El Sindicat de Periodistes de Catalunya valora el informe del Defensor del Pueblo catalán en relación a la petición de comités profesionales y de empresa de distintos medios públicos sobre los llamados bloques electorales con minutaje de tiempo y sobre la señal realizada (imágenes ya editadas) que algunos partidos imponen a los medios.

Lo más importante es, a nuestro entender, el reconocimiento de que la tradición de pactar entre los partidos bloques minutados no obedece a ninguna normativa legal, sino a una fórmula como puede haber otras, y de hecho hay, en otros países, incluyendo incluso la no regulación del tema. En cualquier caso, el informe recomienda buscar fórmulas menos lesivas con el derecho a la información y la consiguiente aplicación de criterios profesionales en la información electoral. Debe destacarse que no es éste el camino que se ha seguido estos días desde la direcció general de la CCRTV ni desde el consejo de administración.

Por esto sorprende la afirmación de la dirección general de la CCRTV según la cual el informe “avala al 100%” la propuesta de cobertura del próximo Referéndum sobre la Constitución europea, cuando, incluso habiendo eliminado los aspectos más rígidos y grotescos de los bloques electorales, se mantiene un cómputo global con porcentajes estrictos para cada formación política, en sintonía con los resultados electorales de las cuatro últimas elecciones. Este cómputo no se impone a las entidades y organizaciones que harán campaña por el Sí o el No a la Constitución europea, y que demuestra que el consejo de administración es más un consejo partidista que un órgano de gestión de la Corporación.

Éste es uno de los cambios urgentes y necesarios que debería aportar la nueva Ley de la CCRTV, que, en teoría, está en manos de una ponencia parlamentaria, pero que recientes iniciativas sitúan más bien en la dialéctica Gobierno-oposición que puede llegar a estroperarla: desde la elaboración de una propuesta como Gobierno que presumiblemente se quiere pactar con el principal partido de la oposición, hasta la creación de comités de sabios –con algunos nombres discutibles y incluso posiblemente incompatibles- y contra-comitès (respectivamente a cargo del Gobierno y de la CCRTV) para asesorar en la financiación del Contrato-Programa de la Corporació que pueden obviar o condicionar las tareas de la ponencia del Parlament.

Ante estos peligros, y de la importancia que tiene para la profesión y los profesionales de la comunicación, y para el conjunto de la sociedad, la consecución de un nuevo modelo de radiotelevisión pública más al servicio de la sociedad que de los partidos, hacemos un llamamiento al respeto de los acuerdos parlamentarios del debate sobre el Audiovisual de diciembre de 1999, y los compromisos asumidos en el Pacto del Tinell por los partidos que hace ya cinco años se comprometieron con una reforma democrática de los medios públicos que posibiliten la independencia y la profesionalidad de sus órganos rectores y de sus trabajadores.

Barcelona, 22 de enero de 2005