Según la Ley del CAC, sus integrantes han de ser “personas de prestigio reconocido contrastado con experiencia profesional en el sector audiovisual, y que ofrezcan garantías de independencia”. Pero las formaciones políticas a las que supuestamente corresponde proponer los sustitutos de los miembros del Consell que cesan en el cargo nuevamente lo han olvidado. Según diversas informaciones, y sería un milagro que sucediera lo contrario, los nombres propuestos corresponden a políticos en ejercicio o que lo han sido, y relacionados, ahora o antes, con órganos directivos de estas formaciones o con cargos institucionales a propuesta del partido.

Se sigue desnaturalizando la esencia de unas leyes que, como la del CAC o la de la CCMA, tenían que acabar con la gobernamentalización de los medios públicos, pero en la vía de su independencia, que no podía consistir sólo en sustituir el “monarca absoluto” por la “república de todos los partidos”. Se trataba de recuperar el sentido de la palabra “público” de estos medios y no de confundir la representación de soberanía popular con el “derecho de pernada” que negara la independencia de unos medios que se deben, por encima de todo, a la sociedad.

Nuevamente hemos de lamentar que se siga retrocediendo en el camino hacia unos medios públicos que no sean el escenario del enfrentamiento político, y que han de ser la garantía de una información veraz y rigurosa y de una programación de calidad para consolidar una opinión pública bien formada y, en última instancia, fortalecer la sociedad democrática.

Un retroceso que intensificará en las próximas elecciones cuando los partidos políticos, sin ampararse en ninguna ley y contra toda lógica, impondrán nuevamente, a través de sus cuotas en los Consejos de Administración y de Gobierno, el sistema de informaciones electorales en los informativos basado en el reparto de tiempo y de orden en función de los últimos resultados electorales. Y apelando a criterios obligados en todos los medios públicos de “pluralismo e imparcialidad”, que precisamente son vulnerados con este sistema de bloques electorales cronometrados que no garantizan la calidad de la información, que sólo son supuestamente un método garantista para que los partidos estén presentes en la información electoral, y que constituyen una distorsión de la libertad de información consagrada en la Constitución.

Por todo lo anteriormente expuesto, reclamamos de los grupos parlamentarios que retornen a los principios presentes en leyes como la del CAC y que presenten propuestas en consonancia con su letra, de manera que primen los criterios de experiencia y prestigio en el sector audiovisual, y no colaboren al descredito de una regulación necesaria para evitar que domine sólo la ley del mercado en un ámbito tan sensible como es el de la formación de la opinión pública. Respecto a los bloques electorales, contra los que volverán a rebelarse los profesionales, que los abandonen y no interfieran en los criterios deontológicos de la información que ya incluyen los principios de pluralismo, igualdad, y también de representatividad

Barcelona, 23 de junio de 2010