Es necesaria la regulación legal de los falsos autónomos

En el transcurso de una manifestación en París contra el contrato-basura del Gobierno Villepin, el equipo de TV3 en la capital francesa, formado por Carles Costa y Christopher Julien, fue agredido por revoltosos, y el cámara tuvo que recibir atención médica. Se da la circunstancia, reiteradamente denunciada por el comité de empresa y la sección sindical de l’SPC, que esta corresponsalía, como otras de TVC en el extranjero, se cubre de forma irregular con supuestos free-lance que trabajan a tanto la pieza cuando en realidad están sometidos plenamente a la disciplina de la empresa, que no duda a presentarlos como corresponsales y que dicta donde deben estar y qué deben hacer en cada momento.

Esta modalidad contractual, introducida hace unos años -contra la tradición anterior- para ahorrar costes y con el argumento que así se pueden cubrir informativamente más países, no sólo es irregular e injusta con los compañeros, sino que comporta riesgos también reiteradamente denunciados y una protección legal y laboral inferior en caso de agresiones o situaciones de conflicto (como ya se comprobó en el caso de las muertes de Julio Anguita Parrado, José Couso y Ricardo Ortega).

La protección para los miles de falsos colaboradores a quien las empresas y los convenios de prensa impiden estar en plantilla la daría sin duda una regulación legal de la profesión periodística como la que está ahora en el Congreso de los Diputados y que retoma sus tareas en la Comisión Constitucional (porqué trata del derecho fundamental a la información) una vez acabadas las del Estatuto de Catalunya. Se trata de la proposición de ley del Estatuto del Periodista Profesional, que va acompañada de la Ley de los Derechos laborales de los Periodistas, que justamente pretenden asegurar la protección legal y laboral para los colaboradores que trabajan estructuralmente para las empresas y que son, en realidad, plantilla encubierta.

Por esto, y además de alentar al comité de empresa de Televisión de Catalunya y a la sección sindical de l’SPC para llevar a buen puerto la lucha contra la precariedad y la irregularidad de la contratación mercantil injustificada, llamamos a los profesionales de la información a dar pleno apoyo a las proposiciones de ley mencionadas, que buscan defender el derecho constitucional a la información asegurando, como no puede ser de otra manera, las bases laborales mínimas que lo pueden garantizar.

Barcelona, 24 de marzo de 2006.

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