Dice la ley de la CCMA reformada que los miembros del Consejo de Gobierno -que deben tener “méritos profesionales relevantes”- deben ser elegidos por el Parlament, primero por mayoría de dos tercios, y en segunda votación por mayoría absoluta, “después de que el Consell de l’Audiovisual les proponga y verifique su idoneidad, de acuerdo con criterios estrictos de competencia profesional “. “A tal efecto, se valorará especialmente que hayan ejercido funciones de administración, de alta dirección, de control o de asesoramiento, o funciones de responsabilidad similar, en entidades públicas o privadas”. Estos méritos “deben ser justificados de manera concreta” en el informe sobre los candidatos que tiene que hacer el CAC.

Pero la versión difundida por muchos medios de comunicación y probablemente la que responde más a los hechos, es que “por ley” el Consell de Govern, ahora de seis miembros, estará formada por tres representantes nombrados por CiU (y se da por hecho que uno de ellos de Unió), dos por el PSC y uno por el PP, dejando fuera propuestas de otros grupos parlamentarios.

Esto es una verdadera perversión de la letra y del espíritu de la Ley de la CCMA, que se acordó hace cuatro años para alejar los medios de la Corporación del poder político y para garantizar su independencia, defendida como condición sine qua non por las normativas europeas sobre el audiovisual para una buena función de servicio público. Atendiendo a que la disposición final de la Ley, que firma el President Artur Mas, dice que “ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir “, creemos que podemos exigir a los grupos parlamentarios y al CAC que extremen el rigor y no actúen en sentido contrario a los objetivos declarados de la Ley en su preámbulo, muchas veces contradicho por la actuación gubernamental y partidista.

Sólo actuando así se podrán despejar las desconfianzas que esta reforma de la Ley, con la excusa de la austeridad y la agilidad que se pueden conseguir de otras maneras, se ha hecho justamente para traicionar su sentido, que era desligar los períodos de actuación de los directivos de la CCMA de las legislaturas parlamentarias, como una de las formas de asegurar su independencia. Como muchos sectores sociales y profesionales, nos tememos que la reforma responde a la idea partidista que reclama que quien ha ganado las elecciones debe controlar los medios públicos, una concepción muy antigua y muy poco europea de su función, que situará Catalunya por detrás de otras legislaciones posteriores, pero más avanzadas, como la ley de RTVE, que a pesar de que se vulnera también en la práctica, al pactar el director general, mantiene al menos la necesidad de mayoría cualificada para su elección y para las decisiones del Consejo de Administración. Unas decisiones que a la CCMA afectan de lleno al dimensionamiento de sus empresas, tema capital para las presiones de los intereses privados en el sector, que tienen una gran comprensión de la mayoría política fáctica que se vislumbra dominará el nuevo Consell de Govern de la Corporació si se hace de acuerdo con los criterios que denunciamos.

Por eso desde el SPC apelamos al cumplimiento estricto de la Ley en cuanto a la elección de los miembros del Consell de Govern y a dejar fuera los criterios partidistas o de afinidad ideológica al proponerles o de elegirlos. No hacerlo podría ser constitutivo de un fraude de ley.

Barcelona, 2 de marzo de 2012

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