Efectivamente, el esperpento continua, y sería cómico si no fuera dramático. Para el derecho a la información de la ciudadanía y, por lo tanto, para el libre ejercicio de la profesión periodística. Los partidos políticos, que aún no han sido capaces de consensuar un modelo independiente de medios públicos que les aleje del control –siempre tentador- de los gobiernos de turno, continuan de momento con las suspicacias mútuas tanto si están en el gobierno como en la oposición.
La segunda impugnación por parte del PP del nuevo acuerdo del consejo de administración de RTVE, en Madrid, significa la reiteración de la intervención injustificada de la Junta Electoral Central (JEC), sin ninguna base legal, en el libre ejercicio de la tarea informativa. Así lo reconocía implícitamente el informe del Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo en Catalunya), según el cual la JEC sólo tiene capacidad de actuación en relación a los “espacios gratuitos de propaganda electoral”. Pero si resulta que estos espacios no tienen ningún atractivo para los oyentes y los televidentes, éste no es el problema de los informadores, sinó de como se venden los partidos políticos.
La amenaza de la nueva resolución de la JEC planea sobre todas las radiotelevisiones públicas españolas (RTVE, autonómicas y locales) y sería necesaria una acción contundente para parar los pies a tanta arbitrariedad que, además, falsea su sustentación legal. En Catalunya, en la CCRTV, cuyo consejo de administración vuelve hoy a abordar el tema, se mantiene la nueva fórmula de información sin “bloques” minutados y ordenados en cada informativo, pero obligando aún a un cómputo global final que hace abstracción del tipo de actos que hará cada formación política y de la información importante que generará, que es a lo que obliga a los profesionales de cara a la ciudadanía, y no otras consideraciones.
Son estas otras consideraciones (que menosprecian que los “criterios profesionales”, como en el resto del año, ya tienen en cuenta la representatividad de cada formación política o social) las que siguen predominando en los consejos de administración de los medios públicos y que, como ha afirmado el presidente del CAC, Jaume Codina, lleva a la paradoja de ver consejos enfrentados, en mayor o menor medida, a la propia empresa que se supone que dirigen.
Por esta razón, sigue siendo urgente conseguir un nuevo modelo de medios públicos, a nivel español y catalán, y que las leyes pendientes de reformar se aborden inmediatamente y con voluntad de consenso por parte de las fuerzas parlamentarias. Si no es así, los profesionales, y también la sociedad, deberán recordarles sus compromisos.
Barcelona, 1 de febrero de 2005
