La ponencia que trata del proyecto de ley de reforma de la Ley de la CCMA se reúne este miércoles para votar el dictamen que irá al Pleno del Parlament del 16 de febrero, donde se votarán definitivamente las propuestas del Gobierno.

En el informe previo se han incorporado las enmiendas del Grupo Popular, que empeoran el proyecto inicial, y las propuestas por el PSC, que ha conseguido introducir un consejero más en el Consejo de Gobierno y una vicepresidencia. También se han incorporado algunas propuestas hechas por el Comité de empresa de TV3 o por el SPC, que mitigan el alcance de los destrozos de lo que se puede considerar una verdadera contrarreforma en el largo proceso de democratización de la gestión y el control de los medios de la Corporación.

Estas últimas enmiendas refuerzan los criterios profesionales estrictos y contrastados para la elección de los miembros del CAC y del Consejo de Gobierno de la Corporación, reclaman que el Presidente del CAC lo elija el Parlamento y no el Gobierno como hasta ahora, que se asegure la presencia de los representantes de los trabajadores en el Consejo Asesor, y que éste mantenga la autonomía respecto del Consejo de Gobierno. Así como que se garantice la participación de los trabajadores en la elaboración del contrato-programa y que los miembros del CAC sean sustituidos sólo cuando terminen su mandato.

Pero la esencia regresiva del proyecto del Gobierno continúa y se refuerza porque el dictamen no recoge las propuestas que reclaman que se mantenga el consenso, verdadero eje vertebrador de la Ley vigente, para la elección de los miembros del CAC y del Consejo de Gobierno de la CCMA y para la toma de decisiones de estos organismos en todos los ámbitos. De aprobarse la reforma, se sustituirán las mayorías de dos tercios previstas hasta ahora por la simple mayoría absoluta, que se puede conseguir sin consenso y por acuerdos de los representantes de dos grupos.

Esto se hace, además, en estrecha alianza con el PP, que votó contra la Ley vigente y que mantiene una política respecto de los medios públicos que pasa por su desaparición, su privatización o por el férreo control gubernamental. Y que remacha el clavo de la asfixia a los medios de la Generalitat proponiendo que la publicidad en Catalunya Ràdio acabe desapareciendo. Un mal aliado para defender la Corporación y su función de cohesión social, cultural y lingüística que el PP ha contradicho a menudo abiertamente.

Por eso desde el SPC reclamamos del Gobierno que no contribuya al debilitamiento de los medios de la CCMA y de su carácter público, sea por la vía del control político gubernamental que los desprestigia y los aleja de su carácter social, sea por la disminución de la subvención vía presupuestos, que es la única que puede garantizar la misión de servicio público que la Corporación tiene encomendada por el Parlamento.

Y a la oposición le pedimos que actúe con coherencia con lo que defendió en el pasado, cuando acordaron posiciones en la ley del 2007, y defienda, ahora también, la letra y el espíritu de consenso de la ley vigente. Y concretamente el mantenimiento de mayorías de 2/3 para la elección de cargos o la toma de decisiones.

La sociedad catalana no merece este retroceso en la democratización de sus medios públicos. Si se consuma, se resentirá el pluralismo social, la independencia profesional y el prestigio y la potencia de los medios de la CCMA, codiciada desde intereses privados de grupos multimedia.

Barcelona, 7 de febrero de 2012