La propuesta de reforma de la Ley de la CCMA, aprobada a finales del 2007, que el Gobierno de CiU plantea y que modifica también la Ley del CAC, no es ninguna buena noticia para los defensores de la desgubernamentalización y de la despartidización de los medios públicos de la Generalitat.

Lo sería si en la primera modificación que se propone, pasar de 12 a 5 o 7 miembros del Consejo de Gobierno, se planteara claramente que sus componentes deben ser reconocidos expertos en materia audiovisual, pactados parlamentariamente pero situando en lugar determinante el criterio de competencia y solvencia profesionales, así como de independencia orgánica de partidos. Así se cumpliría el sentido de una Ley que costó siete años aprobar y que debía significar un paso decisivo hacia la independencia de los medios públicos, que como su nombre indica deben estar al servicio de la ciudadanía y no de los equilibrios partidistas y de las coyunturas políticas.

Mucho nos tememos que quien hace cuatro años condicionó el apoyo a la Ley a que el Consejo fuera de 12 miembros, (para poder dar satisfacción al criterio de cuotas políticas para repartirse los puestos), y no de 9 como planteaba el proyecto inicial, ahora proponga 5 o 7 pero no con el espíritu de buscar profesionales acreditados e independientes, como dice el texto de la Ley, sino con la voluntad de garantizar un mayor control de la mayoría parlamentaria y del Gobierno.

Lo confirma la modificación de las competencias que se atribuyen a la figura de Presidente del Consejo, que ahora podrá nombrar y cesar a los directores de los medios de la CCMA “si el Consejo de Gobierno lo ratifica”. Y también la devaluación de las funciones del “Director Gerente”, que sustituye a la figura de director general, y que a diferencia de éste y como consta en la Ley actual, no deberá superar una convocatoria pública “entre profesionales con prestigio y competencia reconocidos “, sino que será nombrado a propuesta del Presidente, por mayoría absoluta del Consejo, que con los criterios de cuota política favorables a la mayoría de Gobierno, ya se puede imaginar qué orientación tendrá.

Nos encontramos pues con esta propuesta de reforma con el peor de los vicios del partidismo y del gubernamentalismo, combinados para garantizar más control desde el poder político, y presentada como medida de austeridad y de eficiencia para un mejor funcionamiento de la Corporación.

Por eso desde el SPC apelamos a la coherencia de los grupos políticos que impulsaron la Ley de la CCMA, para que trabajen para defender las máximas garantías de la elección de profesionales competentes e independientes para formar parte del Consejo de Gobierno, que es la clave de bóveda de que la reforma no sea un fraude a la democratización que supuso la Ley vigente.

Y es posible hacerlo, porque la propuesta de reforma no modifica el informe de idoneidad que debe hacer el CAC de los candidatos propuestos por el Parlamento, y que éste debe examinar públicamente, en base a los criterios que marca la norma. Todo es cuestión de voluntad política, y de saber si nuestros parlamentarios han entendido que unos medios públicos potentes y creíbles sólo se pueden garantizar desde la independencia y la no sumisión al poder político ya los intereses partidistas.

Barcelona, 29 de julio de 2011

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