Como en otras convocatorias electorales, pero en esta por su especial relevancia, el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació se dirige a los candidatos a la Presidencia de la Generalitat para plantearles los principales problemas de la profesión periodística y del sector de la comunicación, básicos para la calidad de la vida democrática.

En primer lugar, y como ya hemos comentado hace unos meses con miembros de su grupo parlamentario, reclamamos a los legisladores catalanes que asuman plenamente el artículo 52 del nuevo Estatuto de Catalunya, según el cual “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para garantizar el derecho a la información y a recibir de los medios de comunicación una información veraz y unos contenidos que respeten la dignidad de las personas y el pluralismo político, social, cultural y religioso. En el caso de los medios de comunicación de titularidad pública la información también ha ser neutral”. Y garantizar el derecho a la información significa también legislar sobre los derechos y los deberes del periodista profesional, que según el Instituto de Estudios Autonómicos se puede hacer desde el Parlamento de Cataluña. La regulación de la figura del informador profesional (que sólo se ha hecho en el ámbito estatal en relación a la cláusula de conciencia) es la piedra angular para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía, de la cual los periodistas son los mediadores, sin interferir en el derecho de cualquier otro ciudadano a informar y a comunicar, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución. Habría por tanto, un compromiso público de su formación para la creación en el próximo mandato legislativo de una ponencia parlamentaria para desarrollar este artículo 52 para regular, como en la mayoría de los países de nuestro entorno, el derecho real de la ciudadanía a una información veraz y rigurosa.

La segunda gran cuestión, lamentablemente de actualidad, es la amenaza permanente que se cierne sobre los medios de comunicación públicos en Catalunya, formalmente protegidos por leyes que garantizan su misión de servicio, pero cuestionados desde instancias políticas y económicas, y condicionados por vía presupuestaria por gobiernos que han reformado las leyes audiovisuales en el sentido de la regubernamentalización, y que ahora pueden decidir en solitario las bases materiales de estos medios. La poca convicción de muchas fuerzas políticas en el valor social y no económico de los medios públicos ha provocado que, con la crisis, se planteen medidas drásticas que pueden diluir por completo la misión y el carácter de estos medios. Por eso reclamamos de su candidatura un pronunciamiento claro sobre la función de los medios de la CCMA y sobre sus dimensiones actuales, que son las que han garantizado el modelo de éxito reconocido de manera generalizada. No en vano una resolución parlamentaria del 27 de septiembre instaba al Gobierno a “reforzar y fortalecer” TV3 y Catalunya Ràdio, y no a debilitarlas, como quisieran sectores interesados.

Íntimamente relacionado con ello, les pedimos un compromiso de revocación de la reforma de la Ley de la CCMA, que ha supuesto una limitación del pluralismo y la profesionalidad y que ha abocado a la actual situación de inseguridad sobre su futuro y de amenazas generalizadas de reducciones de plantilla.

Por otra parte, no ahorraremos la siempre necesaria reflexión sobre un sistema de información de la campaña electoral en los informativos de radio y de televisión que contradice frontalmente los principios recogidos en las leyes audiovisuales catalanas, que son los de informar con respeto al pluralismo, la imparcialidad y la neutralidad. Los “bloques electorales” asimilados a los espacios gratuitos de propaganda electoral y estructurados en tiempo y orden en función de lo anterior representación parlamentaria son contrarios a estos principios y los criterios profesionales habituales fuera de campaña, que si no gustan deberían ser cuestionados como en época electoral. Somos conscientes de las resoluciones de diferentes Juntas Electorales durante años, y de la reforma de la LOREG que, a petición de los partidos, incluyó en su artículo 66 esta práctica sin paralelo en la Europa democrática. Pero también es cierto que la JEC sólo actúa a instancia de las candidaturas, y éstas deberían respetar los planes de cobertura, basados en los criterios profesionales, elaborados por los órganos rectores de los medios públicos.

Finalmente, no podríamos terminar este escrito sin una referencia a la grave precariedad laboral que sufren los trabajadores de nuestro sector, con una avalancha de cierres de medios y de expedientes de regulación que han supuesto la pérdida de miles de puestos de trabajo. Aunque algunas de las políticas para luchar contra este drama no son competencia de la Generalitat, sí entendemos que el Gobierno catalán tiene un margen de actuación para intervenir y para impulsar actuaciones que favorezcan un cambio de tendencia.

De todo esto quisiéramos hablar con usted lo antes posible, y si puede ser, antes del inicio de la campaña electoral.

Ramon Espuny
Presidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació

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