El 1 de julio comenzó el periodo de consultas sobre el procedimiento de despido colectivo presentado por el Presidente de la CCMA, que con su voto de calidad deshizo el empate que se produjo en el Consejo de Gobierno de la Corporación para aprobarlo. Un PAC (o ERE) que tampoco tiene el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios de la cámara catalana.
Por las informaciones que se conocen, se trata de un ataque frontal y letal contra los medios públicos de la Generalitat, del todo contradictorio con la doctrina oficial de CiU respecto a los medios de la Corporación, y más en la actual situación política.
Es un plan que quiere enviar al paro a 312 personas, que mutila gravemente la capacidad productiva de TV3 y de Catalunya Ràdio, y afecta la oferta de servicio que son su razón de ser. De una manera que sólo puede favorecer intereses políticos y económicos contrarios a unos medios públicos fuertes como garantía de cohesión social, cultural y lingüística.
Lo hace además en los ámbitos en que los medios de la Corporación más han sobresalido, como los programas culturales y reportajes de producción propia, y específicamente en el campo informativo: del conjunto de afectados según la propuesta de la consultora Price Waterhouse Cooper, 100 son informadores, 60 en TV3 y 40 en Catalunya Radio. Con detalles incomprensibles como el cierre de la delegación de TV3 en Bilbao por un supuesto descenso del interés informativo de la realidad vasca…
Se trata de una ofensiva descarada contra el modelo de medios públicos definido en el mandato marco parlamentario y en la propia Ley de la Corporación, y de un ataque sin precedentes a la profesión periodística por parte de un Gobierno que ha asumido las conclusiones de una Mesa sectorial en defensa de los medios de comunicación que lógicamente reclamaban una financiación suficiente de la CCMA y la aprobación de un Contrato programa para dotarlos de estabilidad económica a partir de un mandato claro.
Ahora este mandato parece que el marque PWC, que con criterios tecnocráticos y economicistas y sin ninguna referencia al servicio público, señala -aunque dice que sigue las indicaciones de la Corporación- qué programas deben desaparecer, qué información es o no necesaria y, con concepciones puramente fordianas, dictamina cómputos de productividad y de competencia profesional que deja en manos de los cargos intermedios, a quien en gran parte se les asegura la continuidad, la elaboración de las listas de afectados.
Además, dada la reanudación gubernamental del control de TV3 y de CR no es descartable, sino más bien probable, que los criterios para estas listas impliquen una depuración ideológica para un mejor funcionamiento de estos medios como herramientas de propaganda del Gobierno.
Por todo ello, desde el SPC reclamamos la retirada inmediata del PAC / ERE y la reanudación de las negociaciones de convenio, abortadas sin fundamento y que son la única posibilidad de acuerdos consensuados con unas plantillas que han dado mil muestras de compromiso con los medios al servicio del país y que no merecen ser tratadas a patadas y tiradas como un kleenex justo cuando las empresas de la CCMA conmemoran los 30 años de existencia.
Barcelona, 2 de julio de 2013