La Federación Europea de Periodistas (FEP) apoya al rechazo de dos de sus asociados en el Estado español, CCOO y SPC –que lo es a través de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)–, a la decisión del Gobierno español de intervenir los medios de la CCMA y l’Agència Catalana de Notícies (ACN). La FEP explica en una nota que «el sector de medios de comunicación de CCOO y el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comuniació (SPC) condenan firmemente la amenaza de la toma de control de los medios de comunicación públicos de la Generalitat por el gobierno central español, como parte de las medidas anunciadas el pasado sábado por el Presidente del Gobierno español Mariano Rajoy (Partido Popular), con el espaldarazo de los dos principales de la oposición (Partido Socialista y Ciudadanos)». La Federación Europea de Periodistas (FEP) «se añade a sus afiliados para denunciar esta inaceptable interferencia política en la gestión de los medios de comunicación de servicio público.»

El Senado español tendría que votar, este viernes, una serie de medidas en aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que permite al Gobierno español tomar el control de las comunidades autónomas si estas incumplen sus obligaciones o si atentan contra el interés general de España.

El Gobierno central se daría sobre todo el poder de revocar los dirigentes actuales de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), de la cual dependen TV3 y Catalunya Ràdio, y la Agencia Catalana de Noticias (ACN). La medida apunta, según el gobierno central, a garantizar «una información verídica, objetiva y equilibrada, respetuosa del pluralismo político, social y cultural, de mismo que del equilibrio territorial».

El SPC denuncia esta «interferencia política» del gobierno central, recordando que sólo el Parlamento catalán es competente para nombrar o revocar los miembros del consejo de la CCMA.

CCOO apunta, para su parte, la incompatibilidad de las medidas anunciadas por el Gobierno central con el artículo 20 de la Constitución española, que garantiza el derecho de los ciudadanos españoles a acceder a la información. CCOO ha denunciado, por otro lado, la presencia de agentes de seguridad del Estado en las instalaciones de la sede catalana de la televisión pública estatal, TVE, en Sant Cugat.

La FEP recuerda que el Comisario de los Derechos del Hombre del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, denunció rotundamente, el pasado 2 de mayo, las tentativas de ciertos gobiernos de influir en la independencia y el pluralismo de la radiotelevisión de servicio público, sobre todo en Polonia, en Ucrania, en Grecia, en Croacia y en España. Se había referido sobre todo al ejemplo de los nombramientos políticos en la jefatura de las cadenas públicas españolas. Según Nils Muižnieks, estas prácticas «muestran que las tentativas de los gobiernos de hacer de editores públicos de los medios de comunicación gubernamentales se siguen produciendo». En ciertas circunstancias, «es todavía necesario transformar estos medios de comunicación, que están estrechamente ligados a los gobiernos, sin transparencia hacia la sociedad, en verdaderos servicios públicos disfrutando de una independencia editorial y organizativa», concluía el Comisario.

«Los servicios públicos audiovisuales están al servicio de los ciudadanos, no al de los gobiernos», insiste el Secretario General de la FEP, Ricardo Gutiérrez. «A instancia de nuestros afiliados, nosotros hacemos un llamamiento a la Generalitat de Cataluña y al gobierno central español a evitar toda interferencia en la gestión editorial de los medios de comunicación públicos. No es tarea del Ejecutivo el nombrar ni revocar los miembros de los órganos de dirección y de supervisión de los medios de comunicación públicos. Estos últimos tienen que haber sido elegidos por una mayoría cualificada del Parlamento, según un procedimiento transparente, que tenga esencialmente en cuenta las calificaciones y las competencias profesionales y no la afiliación política de los interesados!»