La ofensiva del PP contra las radiotelevisiones autonómicas se ha acelerado este verano. Sentenciado el ERE en la RTVV, ya se apunta a la RTVM a raíz del concurso para encargar a una consultora un estudio sobre la estructura empresarial de TeleMadrid y la adecuación de la plantilla al modelo que se proponga. En plata: el paso previo a un ERE, como muy bien han interpretado los trabajadores que ya han iniciado medidas de protesta.

Casualmente, la CCMA también ha convocado un concurso para revisar las conclusiones del Plan Estratégico elaborado hace más de un año, y que ha sido adjudicado a una nueva consultora que ya hizo este trabajo por la RTVV. Casualmente también, el encargo que se ha hecho por la RTVM incluye los cálculos de indemnizaciones por despido de trabajadores, que en la CCMA se filtraron hace poco, según la dirección debido a la infiltración de un hacker.

Los encargos a asesorías ya se sabe que se hacen a gusto de quien los encarga, para dar una pátina de «objetividad» que disfrace la voluntad política que se tenga sobre los medios públicos. Y es aquí donde tiene que preocuparse la alianza de hierro de CiU con el PP, con quien ha contrarreformado las leyes audiovisuales del país, que eran las más democráticas del Estado, y con quien puede pactar el destino último de los medios de la Generalitat.

Unos medios que no pueden ser evaluados con criterios economicistas que ignoren su rentabilidad social y su función de servicio público esencial para cohesionar la sociedad catalana (más necesario que nunca en tiempos de crisis) y para normalizar la lengua, la cultura y la identidad del país. Y unos medios que el Parlament y el Govern deberían defender de la demagogia y de la ofensiva de intereses privados, y de las campañas de desinformación sobre los gastos y la eficiencia de su personal.

No tendría ningún sentido que en Catalunya se apunten perspectivas políticas favorables a más autogobierno en todos los terrenos, y que en relación a la CCMA se siguieran políticas parecidas a las del PP, que aquí presiona abiertamente para liquidar instrumentos públicos que por fuerza implican reducción de cohesión nacional y social.

Si la función de la CCMA es nacional, en el sentido más abierto del término, TV3 y Catalunya Ràdio no pueden ser valorados sólo a partir de parámetros económicos, sino en función del servicio público que ofrecen, y que ningún medio de comunicación privado puede satisfacer . No hablamos sólo de la normalización del catalán, sino de las misiones establecidas por ley en el Mandato Marco aprobado por el Parlament, que ni éste ni el Govern deberían olvidar, pese a la grave coyuntura económica del momento.

Pero es que además la CCMA no ha estado al margen de lo que ha pasado en el conjunto de la sociedad, con una disminución del presupuesto que pone en peligro el modelo y con sacrificios y recortes, algunas asumidas por los trabajadores y otros impuestas por reformas legales y decretos gubernamentales que vulneran los acuerdos tomados en los convenios colectivos y representan un coste muy importante.

Más allá de eso, cualquier propuesta de «redimensionamiento» de las empresas de la Corporación, que conlleve despidos e incrementar las cifras del paro en Catalunya será rechazada frontalmente por los trabajadores y sus organizaciones representativas. Que buscarán el apoyo de amplios sectores sociales, beneficiarios de la existencia de estos medios y de su oferta universal de información y de programación de calidad y en catalán, ausente en gran parte del resto de medios audiovisuales, para defender el bien público que representan.

Barcelona, 30 de agosto de 2012