El pleno del Parlament de Catalunya aprobó el jueves 26 de junio el desarrollo legislativo del artículo 52 del Estatuto, que establece las obligaciones de los poderes públicos para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Esto lo hizo en el marco del debate de una moción presentada por la CUP-AE para la democratización del espacio comunicativo catalán. Esta formación planteaba «la división del espacio radioeléctrico en tercios; un tercio para los medios públicos, un tercio para los medios privados y un tercio para los medios comunitarios y que el espacio radioeléctrico comunitario sea controlado por un Consejo de la Radiodifusión Libre y Comunitaria independiente al Consell de l’Audiovisual de Catalunya». La moción fue rechazada por los votos de CiU y del PP pero en cambio tuvo éxito una enmienda de ICV-EUiA en relación al artículo 52 del Estatuto que dice que «se aprueba iniciar el diálogo con representantes de la sociedad civil y del sector periodístico y audiovisual para redactar una Ley del derecho a la Información que desarrolle el artículo 52 del Estatuto y que defina también los derechos y deberes de los profesionales de la información, como garantía de una información veraz y de calidad».

El presidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), Ramon Espuny, ha lamentado que la moción de la CUP no prosperara «porque recogía el espíritu de lo que el sindicato defiende». En la propuesta de esta formación se recordaba que los medios comunitarios «son de iniciativa social que persiguen también una finalidad social; que no tienen afán de lucro; y que están abiertos a la participación más amplia posible en cuanto a la propiedad del medio, el acceso a la emisión, así como también a las diversas decisiones de programación, administración, operación, financiación y evaluación». Entre sus objetivos hay el de «satisfacer las necesidades de comunicación y habilitar el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión de personas integradas en comunidades determinadas.»

Espuny ha mostrado también su satisfacción porque el desarrollo legislativo del artículo 52 inicie finalmente su recorrido puesto que esta es una cuestión que el SPC ha reclamado a todos los grupos parlamentarios desde que el nuevo Estatuto fue aprobado definitivamente. Así, se ha entrevistado en algunas ocasiones con varios grupos de la Cámara catalana para que promovieran la creación de una ponencia parlamentaria con este objetivo. Hay que recordar que el artículo 52 fue de los que el PP incluyó en su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto pero que finalmente quedó redactado en sus términos iniciales. Una de las cuestiones del texto de la CUP que el Parlamento sí que aprobó es el rechazo «a la posibilidad que se elimine un múltiplex de TVC y reclama al Gobierno estatal que se estudien todas las soluciones técnicas posibles para garantizar la convivencia en el espacio radioeléctrico entre los tres múltiplex atribuidos actualmente en Cataluña y los nuevos servicios 4G.»