El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) expresa su más profunda preocupación por la línea editorial de varios medios de comunicación en relación a los criminales atentados del 17 de agosto en Barcelona y en Cambrils. En medio del drama humano que se ha vivido se han relacionado los ataques con posiciones políticas determinadas, y se ha intoxicado la opinión pública con datos que distorsionan la realidad y contaminan la convivencia social.

Los espacios donde se ha incurrido con más gravedad en esta práctica han sido los de opinión y especialmente los editoriales, que no son información estricta, pero, como plantea el Código Europeo de Deontología del Periodismo, aprobado por el Consejo de Europa en 1993, la expresión de opiniones «debe hacerse desde planteamientos honestos y éticos».

Pero no sólo ha sido en el ámbito de la opinión. También hemos visto espacios pretendidamente informativos, tanto en prensa –en papel y digital– como en radio y televisión, donde se ha mentido deliberadamente para mantener activada al máximo la confrontación política. Por todo ello consideramos que estos medios no han cumplido con la responsabilidad social que debe tener el periodismo en una sociedad democrática.

Por eso reclamamos una vez más la necesidad de regular la información. No como instrumento de censura o de control sino para blindar los derechos y deberes de los periodistas, asegurando así el derecho a la información de la ciudadanía, que es un derecho humano esencial y un derecho constitucional. Una regulación que haga que los principios deontológicos sean de obligado cumplimiento y no un brindis al sol. Una regulación que obligue a los medios a disponer de estatutos de redacción y de comités profesionales, que son la herramienta indispensable para que los informadores puedan defender el derecho a la información de.las presiones de los poderes fácticos.

Afrontar esta regulación es relativamente sencillo. Sólo hace falta voluntad política. En Catalunya se traduce en desarrollar legislativamente el artículo 52 del Estatuto, que establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho en la información de la ciudadanía. Así emplazamos el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont –que en su condición de periodista debe entenderlo más fácilmente–, y los grupos parlamentarios –a los cuales no nos cansamos de pedírselo y lo volvemos a hacer una vez más– a impulsar de una vez por todas esta ley reguladora de la información y la comunicación en Catalunya. En el Estado español, donde sólo se ha regulado por ley la cláusula de conciencia, es cuestión de hacer lo mismo con el artículo 20 de la Constitución y afrontar la regulación de la profesión como en otros países de nuestro entorno.

Queremos animar a todos los y las periodistas que cada día desde su puesto de trabajo batallan para hacer una información al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los intereses políticos, empresariales y económicos de sus medios, a seguir haciéndolo. Sabemos que les faltan herramientas para hacerlo mejor y con más eficacia, pero desde el SPC y desde la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) hacemos todo lo que está en nuestras manos para intentar disponer de los medios necesarios para hacer ese periodismo al servicio de la ciudadanía, que es a quien pertenece la información y no a los medios ni a los periodistas.

Finalmente, queremos reiterar nuestra solidaridad con las víctimas de los atentados de la semana pasada. Sólo con el respeto a las otras maneras de pensar y de vivir podremos tener un mundo en paz y más justo.

Barcelona, 24 de agosto de 2017