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Una delegación de la Junta Ejecutiva del SPC se reunió el pasado 20 de enero con el presidente del Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC), Josep Maria Carbonell, nombrado hace unos meses. La visita obedecía a una propuesta de encuentro hecho por el sindicato a raíz del suyo nombramiento. Los representantes del SPC le manifestaron la preocupación por la oleada de críticas involutivas, sobre todo en España, pero también en Catalunya, contra la existencia de una autoridad audiovisual que regule los contenidos y, más en concreto, contra las competencias con qué la nueva Ley audiovisual catalana dota el CAC, especialmente la de velar por una información veraz. Carbonell coincidió en la preocupación, agradeció los pronunciamientos del Sindicato en defensa de estas competencias y de la Ley del audiovisual y manifestó que la definición de información veraz presente a la Ley, tan vituperada, es la que ha hecho el Tribunal Constitucional.

El Sindicat de Periodistes de Catalunya -tal y como han hecho otras organizaciones profesionales- ha defendido al Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC) ante los ataques que ha sufrido por parte de la mayoría de grupos de comunicación, algunos de los cuales, además, han llenado de insultos sus críticas al ente regulador. Esta situación se ha producido a raiz de la aprobación de la Ley del Audiovisual que otorga nuevas competencias al CAC y marca el camino de aquello que en un futuro podría ser un organismo equivalente a nivel estatal. El SPC emitió el 23 de diciembre un comunicado en el que se afirma que ahora, "cuando una autoridad audiovisual independiente, que asume la competencia de la concesión y la renovación de licencias de radio y de televisión, se plantea ejercer su derecho a vigilar el cumplimiento de la ley, es decir, cuando sus potestades dejan de ser simbólicas, se produce una reacción retrógrada en ámbitos empresariales, corporativos y políticos que pone en cuestión todo el proyecto de reforma del audiovisual español que, por fin y después de décadas de atraso en relación a Europa, se plantea a partir de las propuestas del Gobierno de Rodríguez Zapatero y de la comisión de expertos, que incorporan lo mejor de la experiencia catalana en todos los ámbitos (Ley Audiovisual general, autoridad reguladora del sector, desgubernamentalización de los órganos de gestión de RTVE)".