Medios públicos

El Parlament de Catalunya aprobó el pasado 3 de octubre la nueva Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Casi ocho años después, el mandato parlamentario para reformar la Ley de la CCRTV, acordado en el primer pleno monográfico sobre el Audiovisual, de diciembre de 1999, se ha legislado un nuevo modelo de medios públicos de la Generalitat. Limitada la vía del Estatuto de Redacción, que permitía negarse a hacer información manipulada, pero que no garantizaba la independencia editorial, fueron profesionales de estos medios los que apuntaron hacia la necesidad de reformas legislativas para sustraer al Gobierno la potestad de nombrar el director general de la Corporación y mediatizar así la independencia de la radio y la televisión autonómicas. Con el apoyo del Sindicato y del Colegio de Periodistas, la propuesta entró en la cámara catalana, y además de la reforma de la CCRTV se acordó aprobar una nueva Ley del CAC y el impulso de una Ley Audiovisual. Estas dos leyes tiraron adelante pero la de la Corporación no se ha desencallado hasta ahora por intereses estratégicos o tácticos de una u otra fuerza política.

El 27 de septiembre se entregará al consejo de administración, por parte de la comisión redactora elegida por los trabajadores de toda la Corporación, el texto del primer Estatuto de Información de RTVE. Se trata de un texto que ha costado años de discusiones entre los sindicatos presentes en el Comité General Intercentros (CGI) y la dirección, y que ha tenido el concurso del SPM en RNE, en Madrid, y del SPC en TVE y RNE en Catalunya. Los primeros debates nunca llegaron a buen fin. Ha sido con la Ley 17/2006, de 5 de junio, que configura el servicio público de la radio y la televisión de titularidad del Estado, que el Estatuto de Información –así se ha acordado al final bautizarlo para cubrir al máximo de segmentos informativos– toma carta legal de naturaleza. La comisión redactora elegida en mayo ha sido formada por doce personas, que presentaron su candidatura a título personal, ocho representantes de TVE y cuatro de RNE, seis de ellos con puesto de trabajo en Madrid, y los otras seis en diferentes comunidades autónomas. Del consenso entre los doce redactores/as ha surgido un texto, inspirado en la Ley de la Corporación antes citada, que consagra la libertad de expresión, la independencia de criterio de los informadores y la pluralidad en el acceso a los medios públicos, así como los derechos y deberes de los informadores y los directores de informativos y ejecutores de la línea editorial, la carrera profesional, la organización de los informativos, la conformidad o no con la designación de los jefes de informativos –sin carácter vinculante–, la cláusula de conciencia y el secreto profesional, los derechos de autoría, el funcionamiento de los consejos de informativos, y un código deontológico que rija la actividad profesional informativa tanto para informadores como para directivos.