TV3 despide la grafista de la La Nit al dia
Recursos Humanos de TVC castiga a la trabajadora, aun cuando el juez dicta despido improcedente
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El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha enviado con motivo del 5-N una carta a todos los diputados y diputadas del Parlament de Catalunya en la cual se les pide su máximo apoyo a todas las iniciativas en favor del derecho a la información de la ciudadanía. Este escrito se enmarca en la campaña que la Federación Europea de Periodistas (FEP) ha convocado para hoy 5 de noviembre en todo el continente dónde en la gran mayoría de países los sindicatos de periodistas han organizado diferentes actos y movilizaciones para defender el periodismo, como garante del derecho a la información de la ciudadanía. Otra carta con contenidos casi idénticos ha sido enviada a los presidentes de las dos asociaciones municipalistas catalanas para que la trasladen a todos los alcaldes catalanes. A continuación transcribimos la carta enviada:
Artículo publicado por el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Enric Bastardes, a la revista Luz y taquígrafos, que edita el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM)
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) denuncia la actuación del agentes de la Unidad de Policía Administrativa y de Seguridad (UPAS) de la Guardia Urbana de Barcelona con ocasión del desalojo –el pasado 19 de octubre pasado– de unos edificios –las casas baratas– en el barrio del Bon Pastor, en cuyo transcurso golpearon varios informadores que cubrían los acontecimientos. Como consecuencia de estas agresiones de la UPAS, algunos periodistas sufrieron lesiones de diversa consideración. Uno de los más afectados fue el fotoperiodista Albert García, que, tal como indican los informes médicos, presenta contusiones en varias partes del cuerpo. Su equipo fotográfico también sufrió daños leves. Garcia trabaja para el semanario Directa y colabora con otros medios de comunicación. Otros informadores afectados por la actuación de los agentes de la Guardia Urbana barcelonesa son los que cubrían los hechos para Tele 5 y Canal 25. Garcia, antes de ser agredido, fue conminado a entregar las imágenes obtenidas de la intervención policial en el desalojo, a lo cual se negó.
La desaparición de este espacio con más de 15 años de emisión es una muestra más del nuevo tratamiento que la dirección está imponiendo en la nueva TVE. Esta supresión se hace de manera unilateral sin ningún motivo concreto y elimina un programa que tenía el reconocimiento de los espectadores desde hace muchos años. Una buena muestra d‚este reconocimiento es que el programa se empezó a hacer por la 2 y en catalán, y gracias a su éxito se pasó al ámbito de todo el Estado.
El Parlament de Catalunya aprobó el pasado 3 de octubre la nueva Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Casi ocho años después, el mandato parlamentario para reformar la Ley de la CCRTV, acordado en el primer pleno monográfico sobre el Audiovisual, de diciembre de 1999, se ha legislado un nuevo modelo de medios públicos de la Generalitat. Limitada la vía del Estatuto de Redacción, que permitía negarse a hacer información manipulada, pero que no garantizaba la independencia editorial, fueron profesionales de estos medios los que apuntaron hacia la necesidad de reformas legislativas para sustraer al Gobierno la potestad de nombrar el director general de la Corporación y mediatizar así la independencia de la radio y la televisión autonómicas. Con el apoyo del Sindicato y del Colegio de Periodistas, la propuesta entró en la cámara catalana, y además de la reforma de la CCRTV se acordó aprobar una nueva Ley del CAC y el impulso de una Ley Audiovisual. Estas dos leyes tiraron adelante pero la de la Corporación no se ha desencallado hasta ahora por intereses estratégicos o tácticos de una u otra fuerza política.
El Sindicat de Periodistes de Catalunya denuncia el requerimiento de qué ha sido objeto el fotógrafo Jordi Ribot, que trabaja en las comarcas de Girona, para que entregue todas las imágenes recogidas en la manifestación antimonárquica que se celebró en Girona el pasado 22 de septiembre. Como consecuencia del requerimiento judicial, Ribot, fotógrafo de la empresa Click Arte Foto, entregó el material gráfico obtenido en las protestas contra la monarquía. El SPC considera que la petición judicial hecha a Ribot y a otros profesionales es absolutamente inadmisible en una sociedad democrática, porque no es tarea de los periodistas hacer el trabajo que corresponde a los cuerpos de seguridad del Estado, sino trabajar por el derecho a la información de la ciudadanía, que es lo que hicieron Ribot y el resto de informadores que cubrieron este acontecimiento. Además, este requerimiento supone un grave atentado a la condición de los periodistas, puesto que en próximas situaciones similares los participantes pueden ver a los trabajadores de la información más como policías que como informadores, con el riesgo que esto supone no sólo para su seguridad personal sino por la amenaza evidente que implica para la calidad de la información que debe recibir la ciudadanía, objetivo principal de cualquier periodista.
La «gestión directa» de los servicios de comunicación audiovisual local prevista en la Ley de comunicación audiovisual necesita ser clarificada en la vista de las futuras concesiones de este servicio que debe valorar el Consejo Audiovisual de Catalunya. Por esto, el CAC ha sometido a consulta pública un documento que precisa los límites al externalizació de la programación en este ámbito. El Sindicat de Periodistes de Catalunya pone énfasis en el carácter central de la información (en este caso de proximidad) en la programación de servicio público, para garantizar el derecho de la ciudadanía a ser informada de forma veraz y conformar así una opinión pública democrática. Por esto el SPC cree que no es suficiente la gestión directa del servicio de información de los consorcios locales a través de los responsables máximos del servicio, ni la apelación al cumplimiento de las normas deontológicas del periodismo por parte de las empresas concesionarias. La línea editorial va más allá de las declaraciones genéricas sobre veracidad y pluralidad, y se marca día a día en el cubrimiento de la información, y por esto sólo se puede garantizar desde una estructura con los criterios de servicio público claros, y con derechos profesionales para los informadores (estatutos de redacción).
El Sindicat de Periodistes de Catalunya organiza unos cursos formativos específicos sobre la Ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres con el objetivo de difundir entre los trabajadores del sector las modificaciones y la nueva legislación sobre la materia. La Ley fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 22 de marzo. Uno de sus aspectos fundamentales es su concreción en las empresas y en las relaciones laborales. Así, la Ley introduce elementos innovadores como por ejemplo el permiso de paternidad, nuevas prestaciones por maternidad, los planes de igualdad, multas por discriminación por razón de sexo o la obligación de establecer medidas para evitar el acoso sexual.
El Congreso de los Diputados encara los últimos meses de [...]