La justicia estadounidense deniega el interrogatorio de los soldados imputados por la muerte de José Couso
Esta decisión respalda la decisión del juez Pedraz de dictar una orden de busca y captura y extradición contra los militares
Esta decisión respalda la decisión del juez Pedraz de dictar una orden de busca y captura y extradición contra los militares
La crisis de los Informativos de Telecinco ha tenido finalmente su estallido con la sustitución de Juan Pedro Valentín por Pedro Piqueras. Con Valentín ha salido también Fran García, presidente de Atlas (productora de contenidos audiovisuales de Telecinco, responsable de la elaboración de los Informativos, programas y del Servicio de Agencia). Pero las repercusiones en los trabajadores ya se había hecho sentir con la negociación de un convenio a la baja a finales de año y con la limitación de las renovaciones de los contratados por ETT. Eso, pese a que la cadena en su conjunto ha tenido récord de beneficios en 2005.
Una delegación de la Junta Ejecutiva del SPC se reunió el pasado 20 de enero con el presidente del Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC), Josep Maria Carbonell, nombrado hace unos meses. La visita obedecía a una propuesta de encuentro hecho por el sindicato a raíz del suyo nombramiento. Los representantes del SPC le manifestaron la preocupación por la oleada de críticas involutivas, sobre todo en España, pero también en Catalunya, contra la existencia de una autoridad audiovisual que regule los contenidos y, más en concreto, contra las competencias con qué la nueva Ley audiovisual catalana dota el CAC, especialmente la de velar por una información veraz. Carbonell coincidió en la preocupación, agradeció los pronunciamientos del Sindicato en defensa de estas competencias y de la Ley del audiovisual y manifestó que la definición de información veraz presente a la Ley, tan vituperada, es la que ha hecho el Tribunal Constitucional.
El director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), Joan Majó, y el presidente del Sindicato de Periodistas de Catalunya (SPC), y los secretarios generales de Comisiones Obreras de Catalunya (CCOO) y la Unión General de Trabajadores de Catalunya (UGT), Dardo Gómez, Joan Coscubiela y Josep Maria Álvarez respectivamente, firmaron el pasado 20 de enero un protocolo para impulsar y garantizar la Responsabilidad Social Corporativa, una estrategia que pretende integrar en la gestión cotidiana de las empresas las preocupaciones por las actuaciones medioambie
La Unión de Periodistas Valencianos (UPV) y el Comité Provisional de informativos (CPI) de TVE han salido al paso de las presiones que el Gobierno autonómico que preside Francesc Camps ha hecho sobre Televisión Española para exigir una rectificación a un reportaje que el programa Informe Semanal hizo sobre el urbanismo valenciano. La UPV ha pedido al Gobierno valenciano "que respete la profesionalidad e independencia de los profesionales del ente público, y que deje de intentar involucrarlos en la lucha política". Para los periodistas valencianos "es inadmisible que la Generalitat utilice como arma de confrontación su condición de propietaria de la sede de Televisión Española en la Comunidad Valenciana para intentar interferir en el trabajo de los periodistas, y pide que los servicios informativos de TVE, pero también los de RTVV, se dejen definitivamente al margen de la discusión o de la instrumentalización política".
La UPV reclama también que el Gobierno Camps "deje de involucrarles en la lucha política"
El 23 de mayo 2005 el Consejo Provisional de Informativos (CPI) denunciaba que el acuerdo entre RTVE y la Generalitat valenciana institucionalizaba la manipulación. Consideramos entonces que algunas de sus cláusulas (como la que creaba una ponencia mixta de evaluación de los contenidos) suponían confundir la información con la propaganda.
El Sindicato de Periodistas de Catalunya lamenta profundamente el comunicado que Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha hecho contra la Ley del Audiovisual catalana y considera que ha hecho un flaco favor a la defensa del derecho a la información de la ciudadanía. El SPC pide al consejero primero de la Generalitat, Josep Bargalló. que desatienda la petición de Reporteros Sin Fronteras porqué creemos que la Ley del Audiovisual aprobada por el Parlamento catalán es un gran paso hacia la regulación democrática de la información, una cuestión en la cual Catalunya y el Estado español están claramente más atrasados que la mayoría de países europeos.
El director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), Joan Majó, y los representantes de los sindicatos catalanes SPC, CCOO y UGT, Dardo Gómez, Joan Coscubiela y Josep Maria Álvarez, respectivamente, firmarán el próximo viernes, día 20 de enero, un protocolo para impulsar y garantizar la Responsabilidad Social Corporativa. El acto tendrá lugar a las 12.00 horas, en el Auditorio de la CCRTV.
El Sindicat de Periodistes de Catalunya -tal y como han hecho otras organizaciones profesionales- ha defendido al Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC) ante los ataques que ha sufrido por parte de la mayoría de grupos de comunicación, algunos de los cuales, además, han llenado de insultos sus críticas al ente regulador. Esta situación se ha producido a raiz de la aprobación de la Ley del Audiovisual que otorga nuevas competencias al CAC y marca el camino de aquello que en un futuro podría ser un organismo equivalente a nivel estatal. El SPC emitió el 23 de diciembre un comunicado en el que se afirma que ahora, "cuando una autoridad audiovisual independiente, que asume la competencia de la concesión y la renovación de licencias de radio y de televisión, se plantea ejercer su derecho a vigilar el cumplimiento de la ley, es decir, cuando sus potestades dejan de ser simbólicas, se produce una reacción retrógrada en ámbitos empresariales, corporativos y políticos que pone en cuestión todo el proyecto de reforma del audiovisual español que, por fin y después de décadas de atraso en relación a Europa, se plantea a partir de las propuestas del Gobierno de Rodríguez Zapatero y de la comisión de expertos, que incorporan lo mejor de la experiencia catalana en todos los ámbitos (Ley Audiovisual general, autoridad reguladora del sector, desgubernamentalización de los órganos de gestión de RTVE)".