Televisión

El proyecto de ley de reforma de la CCRTV, pendiente desde hace más de seis años, estaba ya terminado en ponencia y podía ser aprobado finalmente en el Parlamento en esta legislatura. La ruptura del tripartito acortó los plazos, pero la tramitación de urgencia por consenso podía todavía garantizar su aprobación. Pero la negativa de PP y CIU y, sorprendentemente, también de ERC, hace mucho más difícil disponer de la ley antes de las elecciones autonómicas. Los argumentos que se han dado desde Esquerra son varios, desde tácticos a otras de fondo como, por ejemplo, la supuesta devaluación en los contenidos que el proyecto había sufrido a raíz del acuerdo entre CIU y PSC, que habría disminuido gravemente el papel del CAC a la hora de elegir el futuro consejo de administración de la CCRTV.

Nuevamente una consulta política no electoral, como la del referéndum europeo, no ha servido para ir eliminando los elementos de injerencia de la Junta Electoral Central (JEC) y de los partidos políticos en la información de los medios públicos audiovisuales. Si en las últimas consultas se fue abriendo paso una flexibilización de los denominados bloques electorales en la línea de eliminar los cortinas de entrada y de salida, el tiempo estricto en proporción a los últimos resultados electorales minutado en cada informativo, o el orden imperativo de mayor a menor, y esto tanto en la CCRTV como en RTVE, la JEC ha vuelto a cortar de cuajo las expectativas de reforma, ordenando el formato altamente cuestionable que identifica respeto del pluralismo con proporcionalidad estricta de los últimos resultados electorales. Y así, si ya la nueva propuesta reformada del consejo de administración de la CCRTV había comportado nuevamente una huelga de firmas y de aparición en pantalla de los cronistas de campaña, más tres días de huelga de firmas en toda la redacción de TV3, a la que se han añadido profesionales de otras empresas, como RNE, la nueva bofetada de la JEC, que actuó a instancias de un partido político que había propuesto las reformas en el consejo, no ha hecho sino reforzar el rechazo de los profesionales a tanta imposición arbitraria que interfiere radicalmente su tarea.