Profesional

Una vez más la Junta Electoral Central (FEC), y una vez más también a instancias de un partido político, ha desautorizado y ha anulado los criterios de seguimiento informativo de la campaña electoral elaborados por los consejos de administración de RTVE y de la CCRTV, que flexibilizaban los aspectos más rígidos y más surrealistas de la normativa que identifica respecto del pluralismo con proporcionalidad de resultados electorales. Normativa que no tiene ninguna base legal y que proviene sólo de la inercia de los tiempos de la transición y de la pereza de los partidos por encontrar una solución que “contraponga” el siempre sospechado control progubernamental de la radiotelevisión pública.

Tras la sesión de la Comisión de Control de la CCRTV del pasado viernes día 26 de mayo, dónde estalló el desacuerdo entre los grupos parlamentarios para tirar adelante la reforma de la Corporación, debemos reiterar que lamentamos la negativa de algunos partidos a aprobar el proyecto ya acordado en ponencia, que emana del trabajo de más de dos años en esta la legislatura, y que ya venía de la anterior.

Que la nueva Ley de la CCRTV (la tan aireada nueva CCMA, Corporación Catalana de Medios Audiovisuales) no se apruebe en esta legislatura significa:

Como hemos denunciado reiteradamente, la no aprobación de la nueva Ley de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, mandatada por el Parlament hace más de seis años, es una fuente constante de conflictos, porque comporta que no haya el blindaje legislativo necesario para la independencia, la neutralidad y la profesionalidad que todas las fuerzas políticas aseguran que quieren para los medios públicos dependientes de la Generalitat.

Hace más de seis años que lo venimos diciendo: la Ley de reforma de la Corporación Catalana de Radio y Televisión era la más urgente y la más necesaria de las acordadas en el debate sobre el Audiovisual en el Parlament en diciembre de 1.999. No sólo porqué era la que debía responder a las exigencias profesionales y sindicales de los trabajadores de los medios públicos en Catalunya, sino porque estas exigencias estaban en el origen de que se celebrara aquel primer debate monográfico. Y tras el cambio en la Generalitat en 2003 se volvía a poner de actualidad de manera urgente, con más razón que nunca, cuando los tres partidos del gobierno habían defendido un modelo similar de reforma del modelo y de la gestión y el control de los medios de la CCRTV. La transitoriedad de estos poco más de dos año siempre la señalamos como un peligro, pues la mejora del clima profesional en razón de la neutralización mutua dentro del tripartito era muy frágil, puesto que a falta del blindaje de la independencia de los medios de la Corporación, cualquier crisis política podía acabar con el experimento.

Consecutivamente, el Parlamento español aprueba definitivamente la nueva Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal y el Gobierno, a través del Ministerio de Economía-SEPI, mantiene ante los sindicatos de RTVE el llamado Plan de Saneamiento que pretende, fundamentalmente, un durísimo ajuste de plantilla. Son dos actuaciones contradictorias e incompatibles porque la nueva ley propone un futuro mejor para la radiotelevisión pública estatal y el Plan de Saneamiento la desmantelará y la hipotecará negativamente de cara al futuro.

La FeSP denuncia que el servicio público de radiotelevisión no se asegura externalizando la producción