Los cambios políticos en España desde el 11-M han creado un escenario inesperado hace unos meses y que favorece las expectativas de cambio radicalmente democrático en los medios de comunicación públicos, en la línea de lo reivindicado por sus profesionales desde hace años para garantizar a la ciudadanía su derecho a la información y a una programación digna.

El cambio en el Gobierno español ofrecía unas condiciones inmejorables para que la enquistada batalla partidista por el control de los medios públicos pudiera desbloquearse, al desaparecer el argumento que llevaba cada gobierno -central, autonómico o local- a apropiarse de su radiotelevisión para compensar las que controlaba el antagonista. Sobre todo porqué el PSOE, como los partidos del Gobierno catalán, se comprometió a “terminar con la televisión de partido”.