El 23 de mayo 2005 el Consejo Provisional de Informativos (CPI) denunciaba que el acuerdo entre RTVE y la Generalitat valenciana institucionalizaba la manipulación. Consideramos entonces que algunas de sus cláusulas (como la que creaba una ponencia mixta de evaluación de los contenidos) suponían confundir la información con la propaganda.
El Sindicato de Periodistas de Catalunya lamenta profundamente el comunicado que Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha hecho contra la Ley del Audiovisual catalana y considera que ha hecho un flaco favor a la defensa del derecho a la información de la ciudadanía. El SPC pide al consejero primero de la Generalitat, Josep Bargalló. que desatienda la petición de Reporteros Sin Fronteras porqué creemos que la Ley del Audiovisual aprobada por el Parlamento catalán es un gran paso hacia la regulación democrática de la información, una cuestión en la cual Catalunya y el Estado español están claramente más atrasados que la mayoría de países europeos.
La agencia que dirigen Paloma García Pelayo y Ángela Portero no acepta la relación laboral de la joven fallecida en un acto de trabajo para esa empresa
El director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), Joan Majó, y los representantes de los sindicatos catalanes SPC, CCOO y UGT, Dardo Gómez, Joan Coscubiela y Josep Maria Álvarez, respectivamente, firmarán el próximo viernes, día 20 de enero, un protocolo para impulsar y garantizar la Responsabilidad Social Corporativa. El acto tendrá lugar a las 12.00 horas, en el Auditorio de la CCRTV.
En el año 2005 murieron en todo el mundo un total de 63 periodistas y cinco colaboradores de medios de comunicación (conductores, productores, traductores, agentes de seguridad...), según los datos del informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre la libertad de prensa. En 2004 también murieron 68 personas en las tareas de información, pero repartidas en 53 periodistas y 15 colaboradores. El balance del año pasado arroja también un mínimo de 807 periodistas detenidos, de 1.308 agredidos o amenazados, y de al menos 1.006 medios de comunicación censurados. RSF dice también que a 1 de enero de 2006 hay 126 periodistas y 70 ciberdisidentes encarcelados en todo el mundo.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Catalunya del [...]
El Sindicat de Periodistes de Catalunya -tal y como han hecho otras organizaciones profesionales- ha defendido al Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC) ante los ataques que ha sufrido por parte de la mayoría de grupos de comunicación, algunos de los cuales, además, han llenado de insultos sus críticas al ente regulador. Esta situación se ha producido a raiz de la aprobación de la Ley del Audiovisual que otorga nuevas competencias al CAC y marca el camino de aquello que en un futuro podría ser un organismo equivalente a nivel estatal. El SPC emitió el 23 de diciembre un comunicado en el que se afirma que ahora, "cuando una autoridad audiovisual independiente, que asume la competencia de la concesión y la renovación de licencias de radio y de televisión, se plantea ejercer su derecho a vigilar el cumplimiento de la ley, es decir, cuando sus potestades dejan de ser simbólicas, se produce una reacción retrógrada en ámbitos empresariales, corporativos y políticos que pone en cuestión todo el proyecto de reforma del audiovisual español que, por fin y después de décadas de atraso en relación a Europa, se plantea a partir de las propuestas del Gobierno de Rodríguez Zapatero y de la comisión de expertos, que incorporan lo mejor de la experiencia catalana en todos los ámbitos (Ley Audiovisual general, autoridad reguladora del sector, desgubernamentalización de los órganos de gestión de RTVE)".
Unas 8.000 personas participaron el pasado 17 de diciembre en Madrid en la manifestación convocada por el Comité Intercentros de RTVE para reclamar una clarificación sobre el futuro de las empresas del ente público y para exigir que de una vez por todas se legisle la norma que permita el afianzamiento de los medios de comunicación audiovisuales públicos de ámbito estatal en la actual dimensión y que, en la medida de lo posible, se les potencie, tal como se recoge en el informe de los expertos encargado por el Gobierno. Los trabajadores de RTVE quieren que esta normatización no sólo permita reorganizar las empresas que componen RTVE sino que se garantice su continuidad de manera sólida y fuerte. La existencia de unos medios públicos independientes del poder político, plurales, democráticos y con verdadero sentido de servicio público es imprescindible para la cohesión territorial y la buena salud informativa de la ciudadanía.
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) impulsará a lo [...]
A lo largo del pasado mes de diciembre, el Sindicat [...]
