La FeSP rechaza que se implique a los periodistas en los conflictos entre empresas
Una vez más, y ya son muchas, un periodista ha sido implicado en un conflicto de intereses entre dos empresas de medios de comunicación, cuando su único pecado ha sido cumplir con su obligación de informar al difundir una noticia cierta: varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía eran investigados por su presunta participación en un caso de tráfico de explosivos. La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) lamenta estas prácticas empresariales y rechaza rotundamente que el diario El País haya publicado las conversaciones de un redactor del diario El Mundo con sus fuentes de información. Estas conversaciones no aportan nada a la noticia, y lo único que hacen es divulgar datos privados sobre la manera de trabajar de un profesional. Es de extraordinaria gravedad que un medio de comunicación no respete el derecho constitucional al secreto profesional de un periodista.
Casi el 60% de redactores de diarios han sufrido presiones el 2006
El último estudio elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) refleja que un 59,2% de los redactores de la prensa diaria afirma que ha recibido presiones, tanto políticas como económicas. Esta cifra supera en un 2,3% las que reflejaba el estudio del año pasado para los diarios; mientras que la proporción de periodistas que han confesado estas presiones en las radios ha bajado a un 42,5%, puesto que el 2005 eran un 52%. La misma empresa y sus cuadros directivos son identificados por los periodistas como el núcleo duro de las coacciones y se sitúan entre un 40 y un 50% del total de las presiones recibidas, según el medio. La proporción de los periodistas de prensa que afirman que las han recibido de su jefe inmediato es de un 20,9%.
Los informadores de la radio televisión gallega ganan sus demandas
Una sentencia judicial obliga a la Compañía RadioTelevisión de Galicia (CRTVG) a contratar indefinidamente la periodista Iría Lagarón. Esta resolución es la segunda que condena a la empresa a regularizar la situación laboral de un trabajador de su delegación de Vigo, subcontratada a través de Productora Faro. Las dos demandantes forman parte de un colectivo de informadores que decidieron denunciar a la CRTVG para que se les reconociera su relación laboral con el ente.
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