La Guardia Urbana de Barcelona golpea periodistas que cubrían un desalojo
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) denuncia la actuación del agentes de la Unidad de Policía Administrativa y de Seguridad (UPAS) de la Guardia Urbana de Barcelona con ocasión del desalojo –el pasado 19 de octubre pasado– de unos edificios –las casas baratas– en el barrio del Bon Pastor, en cuyo transcurso golpearon varios informadores que cubrían los acontecimientos. Como consecuencia de estas agresiones de la UPAS, algunos periodistas sufrieron lesiones de diversa consideración. Uno de los más afectados fue el fotoperiodista Albert García, que, tal como indican los informes médicos, presenta contusiones en varias partes del cuerpo. Su equipo fotográfico también sufrió daños leves. Garcia trabaja para el semanario Directa y colabora con otros medios de comunicación. Otros informadores afectados por la actuación de los agentes de la Guardia Urbana barcelonesa son los que cubrían los hechos para Tele 5 y Canal 25. Garcia, antes de ser agredido, fue conminado a entregar las imágenes obtenidas de la intervención policial en el desalojo, a lo cual se negó.
TVE suprime Línea 900, un programa con 15 años de servicio público
La desaparición de este espacio con más de 15 años de emisión es una muestra más del nuevo tratamiento que la dirección está imponiendo en la nueva TVE. Esta supresión se hace de manera unilateral sin ningún motivo concreto y elimina un programa que tenía el reconocimiento de los espectadores desde hace muchos años. Una buena muestra d‚este reconocimiento es que el programa se empezó a hacer por la 2 y en catalán, y gracias a su éxito se pasó al ámbito de todo el Estado.
El Parlament aprueba la reforma de la CCRTV
El Parlament de Catalunya aprobó el pasado 3 de octubre la nueva Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Casi ocho años después, el mandato parlamentario para reformar la Ley de la CCRTV, acordado en el primer pleno monográfico sobre el Audiovisual, de diciembre de 1999, se ha legislado un nuevo modelo de medios públicos de la Generalitat. Limitada la vía del Estatuto de Redacción, que permitía negarse a hacer información manipulada, pero que no garantizaba la independencia editorial, fueron profesionales de estos medios los que apuntaron hacia la necesidad de reformas legislativas para sustraer al Gobierno la potestad de nombrar el director general de la Corporación y mediatizar así la independencia de la radio y la televisión autonómicas. Con el apoyo del Sindicato y del Colegio de Periodistas, la propuesta entró en la cámara catalana, y además de la reforma de la CCRTV se acordó aprobar una nueva Ley del CAC y el impulso de una Ley Audiovisual. Estas dos leyes tiraron adelante pero la de la Corporación no se ha desencallado hasta ahora por intereses estratégicos o tácticos de una u otra fuerza política.
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