El caso de la revista cántabra La Realidad se puede repetir en Almería a raíz de una fianza desorbitada contra una publicación modesta
Una denuncia de Antonio José Chaves González, por presuntas injurias y calumnias, a raíz de una información aparecida en el Diario de Almería, ha provocado un nuevo caso de petición de una fianza desproporcionada contra un periodista. Esta situación se iniciaba con la publicación en primera página de una noticia con el titular «El hermano de Chaves acumula deudas con la Seguridad Social tras recibir obras en Almería». El propio denunciante remitió al diario un escrito de rectificación, que fue publicado íntegramente. La resolución judicial señala las fianzas para responder de posibles responsabilidades civiles, en cuantía de 204.000 euros para el periodista y 120.000 euros para la sociedad editora, y establecía un plazo de 24 horas para su constitución.
Propuesta en el Parlamento gallego de vincular las subvenciones a los medios al empleo estable
El Parlamento de Galicia debatirá próximamente una propuesta para que las ayudas de la Junta a los medios estén vinculadas a la lucha contra la precariedad laboral y a el uso real del gallego. El texto de la propuesta explica que su presentación es producto de la movilización que organizó recientemente el Sindicato de Periodistas de Galicia (SXG) bajo el lema Mi precariedad es tu desinformación. El SXG defiende que las subvenciones a los medios no pueden servir para financiar la explotación laboral de muchos trabajadores, como sucede actualmente. La propuesta parlamentaria recoge la denuncia del sindicato que en la actualidad mucho dinero público conseguido por las empresas sirven para financiar «las jornadas laborales abusivas, los contratos en precario, el abuso de personal en prácticas y el aumento del porcentaje de falsos autónomos».
Críticas en La Rioja por la concesión de licencias
El Gobierno de La Rioja ha organizado una nueva edición de La Rioja en Onda, pero continúa sin exigir el cumplimiento en materia de contratación a las empresas adjudicatarias de licencia en 1998. Tras diez años de explotación de las licencias, el número de periodistas contratados para atender estas emisoras dista mucho de lo que figuraba en los proyectos con los que se presentaron a concurso. Así lo denuncia el Sindicato de Profesionales de la Información de La Rioja (SPIR) en un comunicado que denuncia que «el Gobierno autonómico está incumpliendo su tarea de inspeccionar y controlar las citadas empresas». Pese a las peticiones reiteradas de este sindicato, estas empresas no han sido requeridas para que realicen las contrataciones a las que en su día se comprometieron. El SPIR no insta a la revocación de ninguna licencia, puesto que entiende que cuantas más radios emitan, más puestos de trabajo se podrán crear para los profesionales de la información.
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