La situación de la profesión de informador confirma el diagnóstico de todos los congresos, jornadas y libros blancos desde hace décadas. Por un lado, la precariedad laboral y las condiciones de trabajo sin regular, mayoritarias en el sector y favorecidas por la falta de convenios de este ámbito, y especialmente la desprotección de los colaboradores forzados a hacerse autónomos, excluidos de los convenios colectivos; y de la otra, la degradación profesional derivada en parte por esta precariedad y también por los condicionantes económicos y políticos, en una situación de no regulación legal de los informadores, que sólo disponemos de códigos deontológicos no vinculantes y asistimos a la suplantación reiterada de un oficio con un mandato constitucional por parte de figuras mediáticas que utilizan en vano el nombre de periodista.