La Ley de la CCMA, un mandato parlamentario del año 2000 que tardó siete años en cumplirse, se elaboró bajo el signo del consenso, en ponencia conjunta, buscando el apoyo de todo el Parlament porque se trataba de un proyecto de país, de regular el servicio público de medios de la Generalitat y de garantizar su independencia respecto del Gobierno. El PP se descolgó al final, porque era contrario a que el catalán fuera el idioma institucional de la Corporación y a que el CAC evaluara los candidatos al Consell de Govern de la CCMA propuestos por el Parlamento, y votó en contra.