Comienza una nueva campaña electoral y los periodistas nos enfrentamos una vez más a la imposición de los bloques electorales. Y una vez más hacemos públicos comunicados y convocamos actos de protesta para explicar a la ciudadanía que los bloques electorales no se hacen con criterios periodísticos y que vulneran el derecho constitucional a la información.
El Congreso debatirá una iniciativa legislativa popular para asegurar que las emisiones autonómicas de radio y televisión digital terrestre en lengua propia sean recibidas directamente en otras comunidades con las que se comparta ese idioma de forma "idéntica o parecida", para "favorecer el desarrollo de los espacios de comunicación de dichas lenguas". El Pleno de la Cámara Baja debatirá la toma en consideración de esta proposición de "Ley de Televisión Sin Fronteras", que ha superado el mínimo de 500.000 firmas que exige la ley reguladora de la iniciativa legislativa popular.
El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) ha tachado «de acción propia de un régimen dictatorial» el nombramiento del consejero de Presidencia del Gobierno autonómico, Antonio Gómez, como nuevo director general de IB3. En un comunicado emitido por este sindicato, esta decisión pone al Ejecutivo que preside José Ramon Bauzá (PP) «al mismo nivel de una república bananera, una expresión que se utilizaba para referirse a estados con regímenes dictatoriales y corruptos».
Ante el anuncio del Gobierno de Navarra de suprimir el Consejo Audiovisual autonómico; para lo cual estaría mediante elaborando un proyecto de ley en ese sentido, el Consejo Audiovisual de Navarra (CoAN) ha emitido un comunicado manifestando su desacuerdo. En el mismo, el CoAN consideran que la situación económica actual no justifica este “retroceso en la salvaguarda de aquellos derechos y libertades que los ciudadanos navarros gozan y que el CoAN ha protegido con sus acciones e iniciativas”.
La junta ejecutiva de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha expresado su total “rechazo” al anuncio realizado por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y por otros presidentes autonómicos y dirigentes de ese partido de privatizar las televisiones autonómicas. En un comunicado elaborada tras la reunión de la junta, la FeSP considera que esa decisión es “un grave ataque al derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía” así como un “recorte más a una democracia ya debilitada”.
Se ha puesto en marcha a través de Twitter una campaña contra el cierre de Televisió de Mallorca y Ona Mallorca. Las adhesiones a la campaña se pueden hacer desde aquí. El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) sigue la campaña y pone de manifiesto que [M] y Ona Mallorca son medios de comunicación mallorquines, públicos, plurales y en catalán. Cerrarlos supondría enviar a más de un centenar de trabajadores a la calle y poner palos en las ruedas en nuestro sector audiovisual.
El pasado viernes las Federaciones estatales de UGT y CCOO anunciaron que habían alcanzado un preacuerdo con el Grupo Prisa que habría de servir de referencia en las negociaciones que se desarrollarían en las distintas empresas de ese grupo. El acuerdo definitivo estaba previsto que se firmara mañana, miércoles, en la Dirección General de Trabajo, una vez revisado el texto por los respectivos gabinetes jurídicos.
Los de Catalunya Ràdio se oponen por un margen ajustado al recorte salarial del 5% Los referéndums celebrados los días 19 y 20 en TV3 y Catalunya Ràdio han dado resultados diferentes sobre si se pactaba o no un recorte salarial del 5% a cambio del mantenimiento de la plantilla y de la producción interna durante dos años, este y el próximo, en que no hay vigente un Contrato programa como es preceptivo por ley.
Los medios de comunicación públicos catalanes se han posicionado en contra de los bloques electorales que obligan a elaborar la información de la campaña siguiendo un principio de proporcionalidad que nada tiene que ver con los criterios profesionales y periodísticos.
Una vez más llegamos a una convocatoria electoral con unos apremios sobre el trabajo de los profesionales de la información que no tienen paralelo en Europa. Ahora, reforzadas por la reforma del artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que dicta que las noticias sobre la campaña electoral en los informativos de los medios públicos deben atender un "principio de proporcionalidad" que se añade sin argumentación a los que sí son obligación de estos medios, como son el pluralismo y la neutralidad.
