\u201cLa estrat\u00e9gica b\u00e9lica denominada \u201cde impacto y pavor\u201d, consistente en actos como el bombardeo sobre personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (…) s\u00ed es penalmente imputable a quien tenga dominio sobre la direcci\u00f3n espec\u00edfica de las operaciones b\u00e9licas\u201d, apunta la resoluci\u00f3n. Adem\u00e1s se establece que la Audiencia Nacional reabra el sumario en el que est\u00e1n procesados los tres ocupantes del carro de combate que dispar\u00f3 contra el hotel: el sargento Thomas Gibson, el capit\u00e1n Philip Wolford y el teniente coronel Philip Camp. <\/p>\n
Los tres militares, entiende el alto tribunal, \u201cindiciariamente\u201d ser\u00edan responsables de varios delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, por haber llevado a cabo \u201cataques indiscriminados o excesivos\u201d contra la poblaci\u00f3n civil. Unos actos il\u00edcitos condenados con hasta quince a\u00f1os de c\u00e1rcel, seg\u00fan el C\u00f3digo Penal espa\u00f1ol.<\/p>\n
El Supremo, en un fallo un\u00e1nime, asegura tener claro que los tres militares no pueden esconderse tras la excusa de la leg\u00edtima defensa, como han venido haciendo con el argumento de que se creyeron amenazados por supuestos tiradores emboscados en el edificio del hotel. \u201cNi siquiera en acciones b\u00e9licas pretendidamente defensivas o de respuesta a agresiones previas reales (mucho menos en las supuestas), cabe aplicar circunstancias como la leg\u00edtima defensa, cuando quien se convierte en beligerante comete cualquiera de las acciones tipificadas como contrarias al Derecho de la Guerra\u201d, subraya la sentencia, que insiste en que los soldados atacaron a \u201cpersonas protegidas\u201d seg\u00fan la legislaci\u00f3n nacional e internacional. <\/p>\n
Llegada a esta conclusi\u00f3n, la Sala de lo Penal ordena a la Audiencia Nacional que \u201cprosiga las actuaciones, practic\u00e1ndose las diligencias de instrucci\u00f3n pendientes y las dem\u00e1s que resultaren procedentes para el esclarecimiento de los hechos investigados\u201d.<\/p>\n
Cr\u00edticas a la Audiencia<\/strong><\/p>\n El Supremo tambi\u00e9n critica duramente por apresurada la decisi\u00f3n del tribunal de la calle G\u00e9nova de cerrar la investigaci\u00f3n. \u201cEl auto objeto de recurso, en cuanto acuerda el sobreseimiento libre, anticipa una sentencia absolutoria, cuando no se han agotado las diligencias de instrucci\u00f3n, ya ordenadas por el instructor, y aquellas otras que pudieran proponerse sucesivamente a la vista de lo actuado y que fueran declaradas pertinentes\u201d.<\/p>\n Este \u2018carpetazo\u2019 sin haber acabado la instrucci\u00f3n, recuerda el alto tribunal, es \u201csusceptible de producir a las partes indefensi\u00f3n material\u201d. Por eso el tribunal ordena que acepte las diligencias que solicit\u00f3 la familia de Couso antes del archivo, tales como la declaraci\u00f3n de los representantes en Espa\u00f1a de las televisiones Al Yazera y Abbu Dhabi o el interrogatorio de un sargento norteamericano que, en una entrevista televisiva, asegur\u00f3 que el Hotel Palestina era un \u201cobjetivo militar\u201d de las tropas de Estados Unidos a pesar de conocer que era el \u2018cuartel general\u2019 de la prensa que cubr\u00eda la llegada del Ejercito norteamericano a Bagdad.<\/p>\n Esta es la segunda ocasi\u00f3n en la que el Supremo ordena al instructor a la Sala de lo Penal Audiencia Nacional reabrir la causa. Ya en diciembre de 2006 el alto tribunal anul\u00f3 el primer archivo de la investigaci\u00f3n, al rechazar la tesis de que la muerte de Couso hab\u00eda sido un simple \u201cacto de guerra contra enemigo err\u00f3neamente identificado\u201d y, por lo tanto, sin responsabilidades penales. A pesar de que el instructor del caso, Santiago Pedraz, quiso procesar a los tres soldados por homicidio y delitos contra la comunidad internacional, por tres veces la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaz\u00f3 su pretensi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u201cLa estrat\u00e9gica b\u00e9lica denominada \u201cde impacto y pavor\u201d, consistente en actos como el bombardeo sobre personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (…) s\u00ed es penalmente imputable a quien tenga dominio sobre la direcci\u00f3n espec\u00edfica de las operaciones b\u00e9licas\u201d, apunta la resoluci\u00f3n. Adem\u00e1s se establece que la Audiencia Nacional reabra el sumario en el que est\u00e1n procesados los tres ocupantes del carro de combate que dispar\u00f3 contra el hotel: el sargento Thomas Gibson, el capit\u00e1n Philip Wolford y el teniente coronel Philip Camp. <\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[429,424],"tags":[],"signatura":[],"tema":[77],"origen":[],"font":[],"class_list":["post-5862","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias","category-noticies","tema-corresponsales"],"yoast_head":"\n