Durante a\u00f1os ha parecido un tema menor, limitado a las inquietudes de profesionales de medios p\u00fablicos, sin sinton\u00eda con el resto de periodistas y menos con las preocupaciones de la sociedad. Pero siete a\u00f1os despu\u00e9s de las primeras protestas se est\u00e1 poniendo al descubierto lo que hay detr\u00e1s de la imposici\u00f3n anticonstitucional, sin base legislativa, de un r\u00e9gimen de excepci\u00f3n en los informativos de los medios p\u00fablicos durante las campa\u00f1as electorales.<\/p>\n
Desde las \u00faltimas elecciones, se ha intentado imponer por ley los bloques electorales cronometrados y ordenados en funci\u00f3n de los \u00faltimos resultados electorales de cada grupo parlamentario. Primero, en la fracasada ponencia de una nueva Ley Electoral para Catalunya, que de todos modos se puede retomar a trav\u00e9s de la ILP presentada al respecto. Segundo, el Congreso de los Diputados, con la aprobaci\u00f3n de una propuesta de Ley Electoral que quiere extender esta imposici\u00f3n a las televisiones privadas (\u00bfy por qu\u00e9 no a las radios, o en la prensa?). Y que tambi\u00e9n, sin ninguna derivaci\u00f3n l\u00f3gica, traduce la necesidad de pluralismo e imparcialidad, obligatorias en los medios p\u00fablicos, por proporcionalidad en tiempo desiguales y \u00f3rdenes arbitrarios, que por otra parte no se aplican a los debates ni en las entrevistas electorales, o bien aplican al rev\u00e9s, como el orden.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha producido la sentencia del Tribunal Supremo que desestimaba la demanda de varias organizaciones profesionales contra una resoluci\u00f3n de la Junta Electoral Central que revocaba un plan de cobertura informativa electoral que, a pesar de respetar ciertos criterios de proporcionalidad, los ponderaba y atenuaba en funci\u00f3n de los principios period\u00edsticos que han de regir la actuaci\u00f3n profesional de los informativos. Una sentencia, por cierto, recurrida en el Tribunal Constitucional, que es el m\u00e1s legitimado para resolver si los bloques electorales minutados son contrarios a la libertad de informaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 20 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
Con todos estos hechos parece haber aumentado la suficiencia de una mayor\u00eda de grupos pol\u00edticos, que por primera vez en muchos a\u00f1os, han conseguido hacer aprobar por algunos consejos de administraci\u00f3n de medios p\u00fablicos, como el Consell de Govern de la CCMA, un plan de cobertura informativa que consagra la versi\u00f3n m\u00e1s estricta de la doctrina de los bloques, iniciada un buen d\u00eda para la JEC por analog\u00eda con los criterios de la LOREG sobre los espacios gratuitos de propaganda electoral. Una asimilaci\u00f3n esta, la de propaganda y la de informaci\u00f3n, que demuestra la confusi\u00f3n conceptual de algunos organismos.<\/p>\n
Esta vez, por lo tanto, es poco probable que en algunos medios p\u00fablicos se acuerden planes de campa\u00f1a con criterios flexibles, que permitan cambiar el orden y el minutaje estrictos en funci\u00f3n de criterios de actualidad informativa. Hartos quiz\u00e1s algunos partidos, y por lo visto, tambi\u00e9n algunos consejeros, del juego de aprobar planes de cobertura despu\u00e9s desautorizados para Juntas Electorales a petici\u00f3n, ahora de unos, ahora los otros, se ha querido ir al grano e imponer directamente los criterios que desde hace unos a\u00f1os acordaron los grupos pol\u00edticos para presuntamente garantizarse una aparici\u00f3n equitativa en los informativos de los medios p\u00fablicos.<\/p>\n
Desde el SPC, que ha denunciado desde el principio esta medida falsamente garantista, seguiremos criticando este encorsetamiento de la irrenunciable libertad informativa, b\u00e1sica para la conformaci\u00f3n de una opini\u00f3n p\u00fablica bien informada, y en \u00faltima instancia para la consolidaci\u00f3n de los valores democr\u00e1ticos. Y apoyaremos las acciones de protesta que decidan los profesionales de los diferentes medios, entendiendo que no estamos defendiendo privilegios ni caprichos corporativos, sino el derecho de la ciudadan\u00eda a una informaci\u00f3n veraz, rigurosa y contrastada. Y eso no tiene nada que ver con los criterios legales establecidos para la propaganda electoral, que es algo muy diferente.<\/p>\n
Barcelona, 8 de noviembre de 2010<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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