El Sindicato de Periodistas de Catalunya expresa su apoyo a la demanda presentada por el Comité de empresa de TV-3 contra el Orden del Departamento de Relaciones Laborales de la Consejería de Trabajo, dictada el 28 de septiembre, horas después de que la Asamblea de trabajadores aprobase la propuesta del Comité de hacer 3 horas de huelga el día 29, de 12,30 a 15,30 horas. La razón es que esta es la tercera vez que el Conseller Farreras dicta unos servicios mínimos abusivos, que ya fueron anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y que llevaron incluso a una querella criminal contra el conseller, que en estos momentos está en el Tribunal Constitucional. Si la última vez, con ocasión de la huelga general de los trabajadores públicos contra la congelación salarial dictada por el gobierno del PP apoyada por CiU, los "servicios máximos" ya fueron condenados, ahora, en un paro parcial de tres horas, no tienen ningún sentido y son un precedente gravísimo para el ejercicio fundamental del derecho de huelga.
Los fundamentos jurídicos de la demanda se basan en una triple confusión (deseada) en el orden del Departamento de Trabajo: confusión entre derecho de los ciudadanos a la información y derecho en tenerla a través de TV-3; confusión entre tenerla por TV-3 y tenerla concretamente en la franja horaria del mediodía; y confusión entre derecho a la información en general y derecho a gozarla, en una huelga, con el mismo formato habitual de duración, de imágenes, directos y con dos conductores-presentadores. A todo eso añadiendo que TV-3 "mueve" el horario de informativos "punta" como el Telenotícies Vespre las veces que lo exijan determinadas retransmisiones deportivas. y no lo encuentra viable cuando se trata de respetar el derecho de huelga de los trabajadores de su empresa.
Por todo eso, el SPC, que ya apoyó otras acciones legales de anteriores comités de empresa de TV-3 se solidariza también esta vez con una iniciativa que, a buen seguro, será resuelta favorablemente, pero aunque tarde en el tiempo, y que quiere denunciar una nueva ingerencia del poder político en la libre capacidad de negociación de un convenio colectivo que asiste a las dos representaciones (la social y la empresarial) en una empresa como es Televisión de Catalunya.
Barcelona, 30 de septiembre de 1999