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La escalada de declaraciones procedentes de patronales privadas de televisión y de radio y de sectores polÃticos afines continúa. A las peticiones de la Asociación UTECA de retirar la publicidad en las televisiones autonómicas y a las propuestas legislativas del PP para privatizar las radiotelevisiones autonómicas se añaden las presiones de grupos privados de comunicación.
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Confluencia de sectores polÃticos, económicos y mediáticos contra los medios públicos. Mientras las urgencias polÃticas se desarrollan en otros ámbitos, los anuncios y las intenciones del Gobierno o de los grandes partidos en relación a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) van saliente a la luz.
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Cuando se cumplen 100 años del fatÃdico incendio en la fábrica de carne de Triángulo Shirdwaist en Nueva York, donde murieron 129 mujeres que trabajaban en condiciones laborales de semi explotación y que marcó el 8 de marzo como dÃa internacional para las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras en todo el mundo, no podemos dejar que la crisis económica sea excusa para no hacer avanzar los derechos de las mujeres en el ámbito laboral.
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El trato dado en el programa de Tele 5 que presenta Ana Rosa Quintana a la mujer de un acusado de asesinato, para conseguir la "exclusiva" de que ella acusara a su marido del crimen de la niña Mari Luz, ha traspasado todos los lÃmites de la ética que debe regir siempre la profesión periodÃstica. Este lamentable comportamiento, totalmente rechazable, demuestra una vez más la necesidad de que exista una autoridad reguladora de los medios de información audiovisuales, que no debe confundirse con la censura como intentan hacer creer quienes sólo buscan su negocio a costa de cualquier método.
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Como firmantes de la Iniciativa Legislativa Popular «Televisión sin fronteras», que debe permitir que todas las televisiones autonómicas se puedan ver en todo el Estado español, el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació, no puede más que condenar los intentos del gobierno de Francisco Camps de silenciar las emisiones de Televisión de Catalunya al PaÃs Valenciano.
En primer lugar, porque se orienta de manera retrógrada contra las recomendaciones europeas favorables a la libre circulación de las emisiones audiovisuales.
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El Sindicat de Periodistes de Catalunya/Sindicat de Professionals de la Comunicació, denuncia la represión y el acoso a que desde hace dÃas, y más intensamente las últimas horas, se están viendo sometidos los ciudadanos demócratas que reclaman la caÃda de la dictadura de Mubarak y también los profesionales de la información de varios paÃses, que han sido agredidos, detenidos e intimidados de diversas maneras.
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Pide a las empresas que no envÃen a zonas de conflicto a informadores sin experiencia ni colaboradores
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) expresa su rotunda condena por las agresiones que se están produciendo en El Cairo contra periodistas españoles y de otros paÃses, la última de ellas esta misma tarde, por cumplir con su deber de informar, y se solidariza con todos ellos.
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Los nuevos dueños del grupo Prisa (El PaÃs, Cinco DÃas, Cadena Ser...), un grupo estadounidense que se dedica a invertir en bolsa, han anunciado que van a despedir a 2.500 trabajadores (2.000 de ellos en España). Por su elevado número, se trata del mayor mazazo contra el periodismo y contra el derecho a la información de la ciudadanÃa, que se suma a los 400 empleos perdidos en dicho grupo por bajas incentivadas, prejubilaciones, recortes de plantilla y el cierre de Localia TV.
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En relación a la nota del Departamento de Interior y del Col•legi de Periodistes de Catalunya sobre la recomendación de llevar en lugar visible los brazales o credenciales acreditativas de informadores, desde el SPC queremos manifestar:
1) Que recomendamos también a quien disponga de brazalete o chaleco y tenga que informar de cerca sobre los hechos en un dÃa de huelga que los utilice, para que sea fácilmente visible en situaciones de conflicto.
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En 1999 el Parlament de Catalunya celebraba el primer debate monográfico sobre el Audiovisual, fruto de la presión de los profesionales de los medios públicos, que a partir de la lucha contra la manipulación informativa hacÃa años que proponÃan una reforma legislativa para desgubernamentalizarlos, y en la medida de lo posible, despolitizarlos.
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La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) exige al Gobierno autonómico que no permita adjudicar los espacios informativos a una empresa privada
La Radiotelevisión de las Islas Baleares (IB3) no está dispuesta a cumplir la Ley General de la Comunicación Audiovisual vigente, que establece claramente que las televisiones públicas “no podrán ceder a terceros la producción y edición de los programas informativosâ€.
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En los medios de comunicación -y de manera muy especial, los escritos- se está incrementando, con la excusa de la crisis, la precariedad laboral entre sus trabajadores. Esto se ha ido acentuando en los últimos meses donde el colectivo más desprotegido, el de colaboradores o periodistas a la pieza, ha visto como se iba reduciendo el número de trabajos que se les encargaba.
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Como informamos a mediados de octubre, el SPC se ha reunido con los seis grupos parlamentarios del Parlament de Catalunya para pedirles que se definan respecto de la propuesta de regulación del derecho a la información en Cataluña, a partir de una ley que recoja los derechos y deberes de los profesionales de la información, que son los mediadores, y establezca por ley una autoridad de la comunicación que vele por el cumplimiento del código deontológico y por el derecho de la ciudadanÃa a una información veraz y contrastada.
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El primer 'Cara a cara' de la democracia en unas elecciones al Parlamento de Catalunya representa una burla a todo el sistema informativo de las elecciones, y una vulneración clara de los principios democráticos.
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En estas elecciones al Parlament los ciudadanos han sufrido un recorte al derecho a la información veraz más fuerte que las últimas convocatorias. Los profesionales de la información venimos advirtiendo desde hace muchos años que encorsetar la información electoral en cápsulas predeterminadas en tiempo y orden, y marcadas por la proporcionalidad según los últimos resultados electorales, era una limitación al derecho constitucional a la información y al derecho de la ciudadanÃa a una información veraz y rigurosa.
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Durante años ha parecido un tema menor, limitado a las inquietudes de profesionales de medios públicos, sin sintonÃa con el resto de periodistas y menos con las preocupaciones de la sociedad. Pero siete años después de las primeras protestas se está poniendo al descubierto lo que hay detrás de la imposición anticonstitucional, sin base legislativa, de un régimen de excepción en los informativos de los medios públicos durante las campañas electorales.
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La Tercera teniente de alcalde y concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Assumpta Escarp, acaba de demostrar una vez más lo lejos que aún estamos en el Estado español de respetar un derecho tan fundamental en una sociedad democrática como es el derecho a la información de la ciudadanÃa.
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De la misma manera que desde el SPC hemos denunciado las maniobras para sacar diarios empobrecidos a la calle por parte de las empresas periodÃsticas, hemos de condenar con rotundidad las agresiones fÃsicas mediante lanzamiento de objetos a trabajadores y vehÃculos de medios de comunicación.
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Las ediciones distribuidas el dÃa de la huelga general no incluyen ninguna noticia importante del dÃa anterior
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Maniobras de escondidas para imprimir diarios en otras rotativas. Ante las votaciones mayoritarias de comités de empresa y asambleas de redacciones de diarios, y ante el hecho que en muchas de ellas ha habido un gran seguimiento de la huelga convocada para hoy, como preludio de la huelga general de mañana en toda España, los empresarios de prensa han querido eludir y minimizar la voluntad de protesta de sus empleados, y han cerrado las ediciones entre las cuatro y las seis de la tarde, para poder enviar a impresión una parte del producto, en muchos casos elaborado por cargos d
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El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació denuncia públicamente los siete despidos producidos en el Diari de Tarragona, por lo que representa y especialmente por la forma en que estos profesionales (redactores, diseñados, fotoperiodistas, …) han sido tratados por la empresa donde trabajan, en algunos casos, más de 20 años.
No se ha considerado la profesionalidad, la dedicación y la experiencia de los profesionales despedidos, y la empresa recurrió a la presión psicológica en la forma de comunicar los despidos.
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El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació considera totalmente inadmisible la acción de dos agentes de la Guardia Urbana de Tarragona contra el fotoperiodista José Luis Sellart, corresponsal gráfico del diario El PaÃs. Éste habÃa fotografiado a dos policÃas que se encontraban dentro de un bar mientras tenÃan el coche-patrulla en la puerta con las luces de emergencia encendidas, es decir, estaban de servicio. Cuando se dieron cuenta, salieron a la calle para exigir la entrega de la cámara fotográfica.
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Expedientes de Regulación de Empleo: Antes hacÃa falta acreditar las causas. Con la reforma, la empresa sólo deberá manifestar una posible situación económica negativa, aunque sea momentánea. Tampoco tiene ninguna necesidad de elaborar un plan de viabilidad para la conservación del empleo. Esto significa que se podrá despedir de forma objetiva de manera casi discrecional, y no porque en aquel momento sea necesario, sino por previsiones de futuro. También afecta notablemente a las causas técnicas, organizativas o de producción, ya que las separa de la empresa y del empleo.
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