La dirección del Grupo Zeta ha planteado a los comités de sus principales empresas un expolio salarial en toda regla. El objetivo planteado es dar un hachazo en los sueldos de más del 30% a partir del 1 de enero de 2014 mediante combinaciones de varias medidas que incluyen la eliminación de pagas, complementos, categorías, reducciones de jornada y la consolidación de rebajas salariales temporales.

El presidente del grupo, Antonio Asensio Mosbah, y el presidente de la comisión ejecutiva, Juan Llopart, han enviado a su director general, Conrado Carnal, al director de recursos humanos, David Casanovas, y a la abogada del bufete KPMG Cristina Samaranch a esquilmar de nuevo las economías familiares de sus trabajadores, que nos hemos convertido en los únicos contribuyentes para solventar la crisis de la compañía agravada por la ineficacia del equipo directivo.

Carnal y sus hombres justifican el anuncio de una nueva rebaja salarial brutal acompañada de despidos en algunas de las empresas en la necesidad de obtener un beneficio operativo mucho mayor del que ya tenemos en la actualidad para satisfacer los pagos pendientes del crédito sindicado y de las infracciones fiscales detectadas por Hacienda a principios de los años 90, una época de importantes beneficios. La dirección intenta trasladar sobre los comités y la plantilla el peso de un futuro incierto del grupo mientras sigue actuando con opacidad al ocultar información fudamental como la retribución de los directivos y elude su verdadera responsabilidad.

Grupo Zeta pretende sacar el rodillo justo en el momento en el que la crisis de la prensa empieza a tocar fondo gracias a una estabilización de los ingresos publicitarios y a una suavización de los descensos de las ventas de ejemplares por primera vez desde 2008. El duro planteamiento de la empresa, con un golpe drástico de por vida, responde al objetivo oportunista de aprovechar la recta final de la crisis para dejar las empresas preparadas para multiplicar los beneficios cuando mejore la situación o bien facilitar futuros recortes de plantilla con unos costes mucho más reducidos.

Ante la sincronización y el calado de los ataques ordenados por Asensio y Llopart, los comités de las empresas afectadas con el apoyo del resto del grupo hemos diseñado una estrategia de defensa unificada a través de la Coordinadora de Comités. El primer paso ha sido reforzar nuestro arsenal jurídico con el fichaje de un prestigioso bufete de abogados y economistas que nos asesora en este proceso de negociación y ante la posibilidad de que el conflicto planteado por la dirección acabe en los tribunales si la empresa opta por aventurarse en el arriesgado camino de la imposición.

En segundo lugar, la Coordinadora ha manifestado a la empresa su rechazo frontal a sus pretensiones debido a que constituyen un incumplimiento de los acuerdos en vigor y ha planteado un nuevo marco de negociación, el único posible en estos momentos. Ese marco parte de la premisa de que el esfuerzo que pide la dirección debe ser compartido entre los bancos acreedores, la Administración a través de Hacienda, el propietario del grupo –que cobra alquiler a Zeta por varios inmuebles y tiene créditos pendientes de amortización-, el personal fuera de convenio y la alta dirección y, por último, la plantilla, que ya ha contribuido de forma sustancial a las arcas del grupo. Además, es necesario un plan de negocio serio y ambicioso que cuente con los directivos adecuados. Sólo con ese reparto de aportaciones y una hoja de ruta que vaya más allá del día a día será posible conseguir el objetivo común para todas las partes: asegurar la viabilidad de Grupo Zeta y de sus históricas cabeceras periodísticas.

Coordinadora de Comités de Empresa de Grupo Zeta

4 de diciembre de 2013