La periodista norteamericana Judith Miller, del New York Times, ha sido encarcelada por su negativa a revelar a las autoridades judiciales sus fuentes informativas. Matthew Cooper, del Time, corría idéntico peligro pero finalmente decidio declarar ante el juez que se encarga de su caso. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó el pasado 27 de junio pronunciarse sobre los recursos presentados por los dos periodistas contra las condenas que les habían sido impuestas por otros jueces. Miller y Cooper solicitaron el arresto domiciliario como alternativa, petición que les fue denegada. Este caso ha sido denunciado por varias organizaciones internacionales de periodistas y ha causado una gran conmoción en los círculos profesionals norteamericanos. Reporteros Sin Fronteras considera que la actitud del Supremo de los EEUU es un ataque, no sólo a los periodistas afectados, sino también al conjunto de la profesión, porqué "esta decisión retrograda representa un golpe muy duro para el secreto profesional, uno de los fundamentos indispensables para la libertad de expresión". Los dos periodistas se negaron a revelar sus fuentes en una sala especial encargada de investigar la fuga de información que facilitó la publicación a la prensa de la identidad de una agente de la CIA en un caso que implicaba a la Casa Blanca. Aun así, Miller sólo se limitó a investigar porqué finalmente no se llegó a publicar ninguna información sobre este asunto.

El SPC muestra también su preocupación por la situación que se ha producido en los EEUU por este tema, porqué considera que el secreto profesional es un elemento clave para garantizar el derecho a la información en una sociedad democrática. En España, a pesar del mandato constitucional para legislarlo, el secreto profesional tampoco está contemplado. Cuando se hizo la ley sobre la cláusula de conciencia, en el año 1997, los legisladores no incorporaron otra sobre el secreto profesional, por falta de acuerdo entre las fuerzas políticas. Ahora, la nueva oportunidad es el Estatuto del Periodista Profesional, en tramitación parlamentaria, que incluye tanto la ley vigente sobre cláusula de conciencia como la inexistente sobre el secreto profesional.